Sentencia N° 833 Constitucional TSJ 2000: José Augusto Azpúrua Gásperi — La nulidad de disposiciones legales

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la acción de nulidad interpuesta por JOSÉ AUGUSTO AZPÚRUA GÁSPERI contra la Ley Orgánica que Autoriza al Presidente de la República para dictar Medidas Extraordinarias y los Decretos que establecen impuestos. Se declaró la competencia de la Sala para conocer del caso y se abordaron las razones de inconstitucionalidad planteadas por el accionante, quien alegó que los Decretos violan principios constitucionales y que no se le puede obligar a actuar como recaudador de impuestos. Finalmente, se ordenó notificar al demandante para que designe abogado, advirtiendo que de no hacerlo, el procedimiento quedaría suspendido.

La presente acción de nulidad fue admitida y tramitada sin que en la oportunidad correspondiente se revisara el carácter con el cual actúa el ciudadano JOSÉ AUGUSTO AZPÚRUA GÁSPERI, quien señaló expresamente que no es abogado, por tanto, en este estado y grado del proceso, estima esta Sala que resulta necesario pronunciarse al respecto, para lo cual observa: El prenombrado ciudadano alegó en el escrito libelar, que tiene “(...) competencia (sic) para hacer esta solicitud...”, por cuanto “(...) en el artículo 49 de la Constitución y el 1° de la Ley de Amparo, se le confiere a toda persona el derecho de ocurrir ante el tribunal competente...”; y señaló expresamente en el escrito que consignara por ante el Juzgado de Sustanciación de esta Sala Constitucional en fecha 26 de abril de 2000 (folios 92 al 94), que su profesión “(...) no es la de abogado, y que (su) derecho a presentar (su) propia causa es el que (le) confiere la Constitución, tanto la del 61 en su artículo 67, como la actual en su artículo 51, que le confiere a toda persona el derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad, funcionario...” (Resaltado del recurrente). Ahora bien, dispone el artículo 4° de la Ley de Abogados, que “Toda persona puede utilizar los órganos de la administración de justicia para la defensa de sus derechos e intereses. Sin embargo, quien sin ser abogado deba estar en juicio como actor, como demandado o cuando se trate de quien ejerza la representación por disposición de la Ley o en virtud de contrato, deberá nombrar abogado, para que lo represente o asista en todo el proceso” (Subrayado de la Sala). Resulta así evidente, la obligación que impone la norma citada a quien deba estar en juicio de nombrar abogado para que lo represente o asista en el proceso, lo cual a juicio de esta Sala Constitucional no constituye una contravención a lo dispuesto en el artículo 26 del nuevo Texto Constitucional, que prevé el derecho de todas las personas a acceder a los órganos de administración de justicia; pues ciertamente, en todo Estado de Derecho debe garantizarse el acceso de los ciudadanos a los órganos que imparten justicia, no obstante, tal acceso -a la luz de un análisis lógico- deberá estar regido por principios básicos del proceso, a fin de garantizar entre otros derechos el debido proceso y la defensa que deben tener las partes -en este caso el actor- y que también prevé el nuevo Texto Constitucional, cuando en su artículo 49 numeral 1 establece, que “El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas, en consecuencia: 1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso”.

ORDENA, notificar al ciudadano JOSÉ AUGUSTO AZPÚRUA GÁSPERI, que se le concede un lapso de quince (15) días contados a partir de su notificación, a fin de que proceda a designar abogado para que lo represente o asista en este procedimiento a objeto de continuar la tramitación de la presente causa, con la advertencia de que en caso de no hacerlo se entenderá suspendido el juicio, hasta que el recurrente solicite y le sea concedido, de ser procedente el beneficio de justicia gratuita. Así se decide.