Sentencia N° 74 Constitucional TSJ 2001: Inversiones 17.79 C.A. vs Gerencia Regional de Tributos Internos de la…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declara sin lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por la sociedad mercantil Inversiones 17.79 C.A. contra la Gerencia Regional de Tributos Internos del SENIAT. La acción fue desestimada por el tribunal de la causa, que consideró que el análisis de las violaciones constitucionales requería un estudio de normas infraconstitucionales, lo cual no es competencia del juez de amparo. La Sala confirma la decisión del tribunal inferior, argumentando que el amparo no puede ser utilizado para resolver cuestiones que deben ser tratadas en el ámbito del derecho tributario ordinario.

Corresponde a esta Sala decidir la apelación ejercida contra la sentencia pronunciada por el Juzgado Superior Sexto Contencioso Administrativo de la Región Capital que declaró sin lugar la presente acción de amparo constitucional. En primer término, esta Sala debe desestimar la denuncia formulada por la accionante en segunda instancia, respecto de la presunta violación del artículo 12 de la Ley de Abogados, fundada en que los abogados Miguel Saldivia y Gerardo Angulo Anselmi, apoderados de la ciudadana Elba Carrillo de Vázquez, en su condición de Gerente de la Aduana Principal de Puerto Cabello, serían funcionarios públicos y, por tanto, no podrían ejercer tal representación. Tal denuncia debe ser desestimada con base en reiterada jurisprudencia, según la cual dicha denuncia debe ser alegada en la primera oportunidad procesal luego de verificada la presunta violación. En este caso, los mencionados abogados representaron a la parte accionada en la consignación del escrito de informe a que alude el artículo 23 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y fue en segunda instancia donde se formuló la denuncia en referencia. Además, esta Sala estima que abogados que formen parte de las Consultorías Jurídicas de órganos administrativos o de aquellas dependencias que funjan como tales, pueden representar a la Administración accionada para la cual prestan sus servicios en una acción de amparo, pues, sostener lo contrario, conllevaría el absurdo de que la Administración, teniendo un equipo de profesionales del derecho a su servicio llegado el momento de defenderse de una acción de amparo constitucional, tenga necesariamente que contratar a un abogado que no sea funcionario público, ajeno totalmente a la Administración demandada. Decidido lo anterior, esta Sala observa que el tribunal de la causa declaró sin lugar la acción de amparo interpuesta al considerar que el análisis de las presuntas violaciones constitucionales conduciría a un obligado estudio de normas legales que le está impedido hacer al Juez de Amparo. En efecto, el tribunal de la causa desestimó las denuncias de violaciones al derecho a la actividad económica, propiedad y protección a la iniciativa privada, bajo el fundamento de que tales denuncias requerían ser estudiadas con base en principios de derecho común y disposiciones normativas que en definitiva conducirían a concluir si lo pretendido por el accionante –pago de intereses moratorios y compensatorios- era procedente. En este sentido, consideró el tribunal de la recurrida que ese análisis previo a la conclusión, no lo podía efectuar, toda vez que el mismo suponía un estudio de normas infraconstitucionales.

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la acción de amparo constitucional ejercida por la sociedad mercantil INVERSIONES 1779, C.A., contra la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Capital del Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (SENIAT); CONFIRMA la sentencia dictada por el Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Tributario del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 20 de mayo de 1998 y declara SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido por INVERSIONES 17.79, C.A, en fecha 19 de junio de 1998 contra la citada sentencia.