Sentencia N° 714 Constitucional TSJ 2000: Asociación de Propietarios y Residentes de la… vs Urbanizadora Miranda, C.A.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia decide sobre la solicitud de revisión de una sentencia de amparo constitucional presentada por la Asociación de Propietarios y Residentes de la Urbanización Miranda. La solicitud se basa en la inadmisibilidad de la acción de amparo dictada por el Juzgado Superior Primero, que consideró que la acción tenía carácter personalísimo y no podía ser invocada por la asociación. La Sala argumenta que la asociación tiene legitimación para actuar en defensa de los intereses colectivos de sus miembros, y que la decisión del Juzgado Superior vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva establecido en la Constitución.

La Sala considera obligante aclarar, en relación con la terminología utilizada por los artículos 280 y 281, numeral 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que la difusividad del interés no está necesariamente ligada al interés colectivo o, incluso, público. Un interés individual puede ser difuso cuando es indeterminado respecto de su objeto jurídico, es decir, por su carácter más o menos general, o por su distorsión política o ideológica, como puede ser el caso de los derechos humanos cuyo sentido implique una determinada posición filosófica o política. Los derechos sociales suelen ser difusos, aunque sean individuales, pues la prestación del Estado que les es correlativa es indeterminada, a menos que resulte determinable conforme a políticas preestablecidas, por ejemplo, derecho a una determinada vivienda, cuando ella esté disponible conforme a los requisitos y condiciones establecidos por la autoridad respectiva; y también puede ser difusos porque las medidas judiciales destinadas a hacerlas efectivos a veces depende de cómo se interprete el interés que deba ser protegido (por ejemplo, ¿qué interés debe regir el otorgamiento de la guarda de los hijos en un juicio de divorcio?). Así la prescripción del artículo 361 de la ley Orgánica de Protección Del Niño y Del Adolescente sobre la revisión y modificación de la guarda, remite a la consideración del “interés del hijo”, lo que hace difuso el derecho del padre o de la madre a obtener el ejercicio de la guarda, y discrecional la potestad del juez para revisar y modificar sus decisiones en dicha materia. En consecuencia, difuso no se opone a individual, ni se identifica con lo colectivo. Difuso se opone a lo concreto, claro o limitado, mientras que colectivo se opone a individual.

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara PROCEDENTE la revisión extraordinaria solicitada por la abogada Cristina Narváez Ruiz, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el nº 44.287, actuando en su carácter de apoderada judicial de la ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS Y RESIDENTES DE LA URBANIZACIÓN MIRANDA (APRUM), respecto de la sentencia dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas en fecha 21 de enero de 2000, de conformidad con lo previsto en el artículo 336 numeral 10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En consecuencia: 1.- Se ANULA la referida decisión de fecha 21 de enero de 2000, dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas. 2.- Asimismo se ANULA la sentencia dictada por el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, identificado en autos como el a quo respecto de la acción amparo, por ser contraria a la doctrina de esta Sala, y se REPONE la acción de amparo constitucional interpuesta por la ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS Y RESIDENTES DE LA URBANIZACIÓN MIRANDA (APRUM) contra la URBANIZADORA MIRANDA, C.A., cursante en el expediente nº 16.143 de la nomenclatura del referido Juzgado de Primera Instancia, al estado de admisión. 3.- Se ORDENA a la Secretaría de esta Sala enviar copia certificada de la presente decisión tanto al referido Juzgado Superior como al mencionado Juzgado de Primera Instancia; particularmente para que éste último proceda de nuevo a examinar las condiciones de admisibilidad de la referida acción de amparo constitucional, de cara a la doctrina de este Máximo Tribunal expuesta en el presente fallo.