Sentencia N° 701 — Sala Constitucional del TSJ, 29 de abril de 2008

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia revisó la desaplicación del artículo 647, letra g, de la Ley Orgánica del Trabajo, realizada por la Jueza del Municipio Carrizal. La Sala concluyó que dicha norma es inconstitucional, ya que otorga a los jueces de municipio la competencia para imponer arrestos, lo cual debe ser reservado exclusivamente al Poder Judicial. La decisión se fundamenta en la violación del derecho al juez natural y el debido proceso, consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

La Sala Constitucional, al revisar la desaplicación del artículo 647, letra g, de la Ley Orgánica del Trabajo, determinó que esta norma colide con los artículos 44 y 49 de la Constitución, que garantizan el derecho al debido proceso y la inviolabilidad de la libertad personal. Se argumentó que la imposición de arrestos por parte de jueces de municipio, en el contexto de sanciones administrativas, vulnera el derecho a ser juzgado por un juez natural, ya que solo los jueces penales tienen la autoridad para privar de libertad a una persona. La Sala reafirmó que la competencia para imponer sanciones de arresto es exclusiva del Poder Judicial, y que los Inspectores del Trabajo no pueden solicitar dicha medida.

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, juzga CONFORME A DERECHO la decisión que pronunció, el 7 de diciembre de 2007, la Jueza del Municipio Carrizal de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, mediante la cual desaplicó, por control difuso, la norma que contiene el artículo 647, letra g, de la Ley Orgánica del Trabajo, en la solicitud de arresto que interpuso el Inspector de la Inspectoría del Trabajo del Municipio Guaicaipuro, Los Teques, Estado Miranda, contra el presidente o vicepresidente operativo o vicepresidente administrativo de CIUDAD LOS TEQUES (TRAKI SCM PLUS C.A.). Publíquese, regístrese y notifíquese. Remítase copia certificada del presente fallo al Juzgado de Municipio Carrizal de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda. Archívese el expediente.