Sentencia N° 686 — Sala Constitucional del TSJ, 20 de julio de 2006

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia desaplicó el artículo 647, literal g, de la Ley Orgánica del Trabajo, considerando que es incompatible con el derecho al juez natural y el principio de la doble instancia. La decisión se basa en la inconstitucionalidad de la norma que permite el arresto por incumplimiento de multas impuestas por la Inspectoría del Trabajo, argumentando que solo los jueces penales tienen la autoridad para imponer tales sanciones. La Sala reafirma la importancia del debido proceso y la necesidad de que las decisiones que restrinjan la libertad personal sean tomadas por un juez competente.

La Sala considera que el artículo 647 literal ‘g’ de la Ley Orgánica del Trabajo es incompatible con los artículos 44 ordinal 1 y 49 ordinales 1 y 4 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como con el artículo 8 numeral 1 y literal ‘h’ de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Esto se debe a que la norma no establece un recurso de apelación contra la decisión del juez que impone el arresto, lo que vulnera el principio de la doble instancia. La desaplicación se fundamenta en el control difuso de la constitucionalidad, donde se concluye que el procedimiento administrativo no puede llevar a la privación de libertad sin la intervención de un juez penal. La Sala enfatiza que el derecho al juez natural es una garantía fundamental del debido proceso, y que cualquier restricción a la libertad personal debe ser decidida por un juez competente, no por un funcionario administrativo.

Por lo expuesto, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en ejercicio del control difuso de la constitucionalidad, desaplica el literal ‘g’ del artículo 647 de la Ley Orgánica del Trabajo, por ser incompatible con el derecho al juez natural y el principio de la doble instancia. Se declara improcedente la solicitud de imposición de arresto en virtud de las razones expuestas en el presente fallo.