Sentencia N° 503 Constitucional TSJ 2001: Cosméticos Selectos, S.A. vs Arzuata Sequera Francia — Acción de amparo constitucional

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la acción de amparo constitucional interpuesta por COSMÉTICOS SELECTOS, S.A. contra una sentencia del Juzgado Superior Tercero del Trabajo. La empresa alegó violaciones a sus derechos al debido proceso y a la defensa, argumentando que el Juzgado había fijado incorrectamente los plazos procesales. Sin embargo, la Sala determinó que las actuaciones del Juzgado se ajustaron a las normas procesales y que la inconformidad de la empresa no constituía una violación de derechos constitucionales.

La nulidad de los actos procesales no procede cuando la finalidad para la cual éstos han sido previstos se ha cumplido, así como tampoco cuando la parte contra quien obre la falta no la solicita en la primera oportunidad, quedando la misma subsanada, de acuerdo a las previsiones que en esta materia están contenidas en el Código de Procedimiento Civil, específicamente en los artículos 206 en su único aparte y 213. Así mismo, se observa que lo referente al procedimiento en segunda instancia de los juicios laborales está regulado en el artículo 76 de la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo, que es del siguiente tenor: 'Artículo 76: A los expedientes recibidos en el Tribunal Superior del Trabajo por consulta o apelación de los fallos definitivos de Primera Instancia, se les dará entrada, se fijará un lapso de ocho días hábiles para constituir asociados, promover y evacuar las pruebas procedentes en Segunda Instancia, según el artículo 410 del Código de Procedimiento Civil, e instruir las que crea pertinentes el Tribunal de conformidad con esta Ley. Vencido este lapso, se oirán en la segunda audiencia siguientes los alegatos de las partes y se sentenciará dentro de los dos días hábiles que siguen, sin perjuicio de la facultad de dictar autos para mejor proveer...'. Dicha disposición y su aplicación ya ha sido objeto de análisis por parte de este Supremo Tribunal, el cual en sentencia de la Sala de Casación Social de fecha 16 de noviembre de 2000, recaída en el caso JOSE RINCONES vs. ELEORIENTE, sostuvo lo siguiente: 'Con respecto a la doctrina de la Sala de Casación Civil de este Alto Tribunal, contenida en las sentencias de fecha 22 de octubre de 1987; 13 de julio de 1988 y 04 de octubre de 1995, mediante las cuales, en la primera de las nombradas se dejó sentado el impretermitible cumplimiento de la cuantía representativa del interés principal del juicio, indicándose en dicha oportunidad que la misma debe exceder de doscientos cincuenta mil bolívares (Bs. 250.000,00); en la segunda se unificó, en las materias regidas por las leyes especiales, el procedimiento en todas las fases procesales que hay que cumplir para la interposición del recurso de casación, indicando que se deben observar las disposiciones del Código de Procedimiento Civil; y, en la última se estableció que en los procedimientos laborales tiene aplicación el artículo 521 del Código de Procedimiento Civil que prevé el lapso que tiene el Tribunal Superior para dictar sentencia, se observa que la citada Sala de Casación Civil utiliza, como principal razonamiento jurídico de dichos fallos, el carácter no orgánico de la ley adjetiva laboral, que por haber sido promulgada en el año 1940, reformada en el año 1956 y vuelta a reformar en el año 1959, es decir con anterioridad a la Constitución Nacional de 1961, no goza de ese rango, sino que debe considerarse una ley ordinaria de igual jerarquía que el Código de Procedimiento Civil y que por lo tanto, prevalece éste último sobre aquella por haber sido promulgado en el año 1986, con vigencia a partir del 16 de marzo de 1987, es decir en fecha posterior.'

Por los razonamientos antes expuestos, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE la acción de amparo ejercida por el abogado MARCOS RODRÍGUEZ BRICEÑO, actuando en su carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil COSMÉTICOS SELECTOS, S.A., hoy denominada L’OREAL VENEZUELA C.A. Publíquese y regístrese. Archívese el expediente. Remítase copia del presente fallo al Juzgado Superior Tercero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y al Juzgado Octavo de Primera Instancia del Trabajo de la misma Circunscripción Judicial.