Sentencia N° 469 Constitucional TSJ 2001: Pierina Zorrilla vs PROTEXO CERRADURAS, S.A. e INVERSIONES… — Falta de jurisdicción en…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia revoca el fallo del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Trabajo que había declarado la falta de jurisdicción para conocer de la acción de amparo constitucional interpuesta por Pierina Zorrilla. La Sala argumenta que el conocimiento de la acción de amparo corresponde exclusivamente a los órganos jurisdiccionales y no a la Administración Pública. Se ordena al Juzgado Cuarto pronunciarse sobre el mérito de la acción de amparo propuesta.

Como se puede observar, el Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas remitió el presente expediente a esta Sala Constitucional, conforme a la norma contenida en el artículo 59 del Código de Procedimiento Civil, en virtud de haber declarado la falta de jurisdicción respecto a la Administración Pública, mediante el fallo de fecha 5 de diciembre de 2000. A tal efecto, dispuso el señalado órgano jurisdiccional que “...en el presente caso estamos en presencia de un asunto cuyo conocimiento, por expresa disposición de Ley, está reservado a la esfera de competencia de la Administración Pública, y en particular a la Inspectoría del Trabajo, en criterio de quien decide, ratificando el dispositivo dictado en fecha 28 de noviembre de 2000, este Juzgado carece de jurisdicción para conocer de este asunto, el cual está atribuido a la administración pública...”. Ahora bien, el presente caso trata sobre la acción de amparo constitucional que interpuso la ciudadana Pierina Zorrilla, contra las sociedades mercantiles Protexo Cerraduras, S.A. e Inversiones Unicia, S.A., por considerar que las señaladas empresas mercantiles le violentaron los derechos constitucionales reconocidos en los artículos 76, 87, 89, 93 y 94 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dispone lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, aun de aquellos inherentes a la persona que no figuren expresamente en esta Constitución o en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. El procedimiento de la acción de amparo constitucional será oral, público, breve, gratuito y no sujeto a formalidad, y la autoridad judicial competente tendrá potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella. Todo tiempo será hábil y el tribunal lo tramitará con preferencia a cualquier otro asunto (Resaltado de la Sala). Por su parte, el artículo 1 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, establece lo siguiente: “Toda persona natural habitante de la República, o persona jurídica domiciliada en ésta, podrá solicitar ante los Tribunales competentes el amparo previsto en el artículo 49 de la Constitución, para el goce y el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, aun de aquellos derechos fundamentales de la persona humana que no figuren expresamente en la Constitución, con el propósito de que se restablezca inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella. La garantía de la libertad personal que regula el habeas corpus constitucional, se regirá por esta Ley”. (Resaltado de la Sala). De ambas disposiciones normativas se puede claramente observar, que el conocimiento de la acción de amparo constitucional corresponde única y exclusivamente a los órganos jurisdiccionales competentes y, de ninguna manera, a la Administración Pública.

Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley: 1.- REVOCA el fallo dictado en fecha 5 de diciembre de 2000 por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas. 2.- ORDENA al Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, que se pronuncie sobre el mérito de la acción de amparo propuesta por los abogados Nelson Sansiverio y Edgard Torres Duarte, actuando con el carácter de representantes de la ciudadana PIERINA ZORRILLA, contra las sociedades mercantiles PROTEXO CERRADURAS, S.A. e INVERSIONES UNICIA, S.A.. Publíquese y regístrese. Cúmplase lo ordenado. Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a los 06 días del mes de ABRIL del año dos mil uno. Años: 190º de la Independencia y 142º de la Federación.