Sentencia N° 403 Constitucional TSJ 2001: Sinpe, C.A. vs Deltaven, S.A. — Amparo constitucional interpuesta por SINPE, C.A.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia admitió el amparo constitucional interpuesto por la sociedad mercantil SINPE, C.A. contra una decisión del Juzgado Superior del Tránsito, Trabajo y Estabilidad Laboral del Estado Lara, que había declarado con lugar la pretensión de amparo de la ciudadana Urquía Massiel Requena Piña. La Sala determinó que la decisión del tribunal inferior era contradictoria y violatoria de los derechos a la defensa y al debido proceso, ya que SINPE, C.A. no fue citada ni escuchada en el proceso. Por lo tanto, se declaró nula la decisión del Juzgado Superior y se ordenó que se dictara una nueva decisión que sustituya la anulada.

En el caso de autos la accionante interpuso amparo constitucional en contra de la sentencia dictada, el 25 de abril de 2000, por el Juzgado Superior del Tránsito, Trabajo y Estabilidad Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, mediante la cual se declaró con lugar la pretensión de amparo de la ciudadana Urquía Massiel Requena Piña, en contra de la empresa DELTAVEN S.A. Ahora bien, observa la Sala que el dispositivo del fallo objeto de la presente demanda de amparo determinó procedente la defensa opuesta por la referida compañía en dicho proceso y que por lo tanto la misma no tenía “(...) cualidad e interés para comparecer en juicio como presunta agraviante (...)”, no obstante, de forma contradictoria, en el mismo dispositivo fue declarado con lugar el amparo y ordenó fuera acatado por la sociedad mercantil SINPE, C.A., a quien no se le citó ni oyó en el referido proceso en virtud de que no había sido parte. Tal determinación partió de una errada interpretación –por parte de la Juez agraviante- de la jurisprudencia sentada por esta Sala el 1º de febrero de 2000, caso: José Amando Mejía Betancourt, en la que se dijo que para el Juez de amparo lo determinante son los hechos que constituyen las violaciones de derechos y garantías constitucionales, antes que los pedimentos que realice el querellante. Con base en dicha jurisprudencia, la Juez agraviante estimó que, al haber quedado demostrada la relación laboral entre la accionante y la sociedad mercantil SINPE, C.A., contratista de PDVSA PETROLEO Y GAS S.A., -según procedimiento administrativo llevado ante la Inspectoría del Trabajo en el que se ordenó el reenganche y pago de los salarios caídos de la accionante a la sociedad mercantil SINPE, C.A.,- debía ser esta última la destinataria de la sentencia de amparo declarada por ella con lugar, sin haberse percatado de que dicha compañía no tuvo oportunidad alguna de defenderse en el proceso en que se tomó dicha decisión, por no haber participado en el mismo, lo cual constituye, a juicio de esta Sala, una extralimitación por parte de la Juez agraviante a quien no le estaba dado sustituir uno de los sujetos de la relación procesal aduciendo no estar atada a los pedimentos realizados por la accionante en amparo. Con tal proceder se vulneró el derecho a la defensa, a ser oído y al debido proceso de la accionante, -contemplados en la disposición prevista en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela-, a quien, sin haber sido parte en el proceso, se le ordenó el cumplimiento de la decisión recaída en el mismo.

Por los razonamientos expuestos, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR el amparo constitucional interpuesto por la sociedad mercantil SINPE C.A., representada por el abogado Francisco Ardiles, inscrito en el Inpreabogado bajo el nº 3.708, contra la decisión dictada, en materia de amparo constitucional, el 25 de abril de 2000 por el Juzgado Superior del Tránsito, Trabajo y Estabilidad Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, la cual se declara nula por contradictoria y por ser violatoria de los derechos constitucionales antes mencionados. Publíquese y regístrese. Remítase copia del presente fallo al Juzgado Superior del Tránsito, Trabajo y Estabilidad Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, a fin de que se dicte nueva decisión que sustituya la aquí anulada.