Sentencia N° 392 Constitucional TSJ 2000: Rafael Antonio Pinto Guzmán vs Centro Integral de Cirugía Plástica Dr. Bruno…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró improcedente la acción de amparo interpuesta por los abogados Marino Espiga Quintana y Juan Horacio Pessina Itriago, en representación de Rafael Antonio Pinto Guzmán, contra una sentencia del Juzgado Superior Quinto del Trabajo. Los accionantes alegaron violaciones a derechos constitucionales en relación con el cálculo de prestaciones sociales tras un despido, argumentando que la sentencia recurrida no otorgó los efectos legales correspondientes a su representado. La Sala analizó la competencia para conocer de la acción de amparo y determinó que no se evidenció violación de derechos constitucionales ni abuso de poder por parte del juez superior. Se concluyó que la acción de amparo no cumplía con los requisitos necesarios para su admisibilidad, ya que no se demostró que el juez actuara fuera de su competencia o que existiera un abuso de autoridad. Finalmente, se publicó y registró la decisión, que fue firmada por los magistrados presentes, incluyendo un voto disidente del magistrado Héctor Peña Torreles, quien argumentó que la Sala no debía conocer de la acción de amparo.

La presente acción de amparo ha sido ejercida contra sentencia dictada en segunda instancia, el 11 de octubre de 1999, por el Juzgado Superior Quinto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas al conocer del recurso de apelación interpuesto por los accionantes contra la sentencia dictada el 17 de marzo de 1999, por el Juzgado Octavo de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas en el juicio por cobro de prestaciones sociales intentado por Rafael Antonio Pinto Guzmán contra el Centro Integral de Cirugía Plástica Dr Bruno Pacillo. Observa asimismo esta Sala que los accionantes denuncian infringidos, a su representado, los derechos contenidos en los ordinales 1 y 2 del artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Los ordinales 1 y 2 del artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela denunciados como conculcados, establecen: “1.- Ninguna ley podrá establecer disposiciones que alteren la integridad y progresividad de los derechos y beneficios laborales. En las relaciones laborales prevalece la realidad sobre las formas y apariencias.” “2. Los derechos laborales son irrenunciables. Es nula toda acción, acuerdo o convenio que implique renuncia o menoscabo de esos derechos. Solo es posible la transacción y convenimiento al término de la relación laboral, de conformidad con los requisitos que establezca la ley.” Observa esta Sala que los accionantes en la presente acción de amparo, fundamentan su denuncia en que, a su decir, la sentencia accionada, no obstante declarar con lugar la apelación interpuesta y totalmente con lugar la demanda por cobro de prestaciones sociales intentada por Rafael Antonio Pinto Guzmán contra el Centro Integral de Cirugía Plástica Dr. Bruno Pacillo, omitió el cálculo de algunos conceptos que habían sido “solicitados y acordados” concretamente el de utilidades (reclamados pero no calculados en la demanda) y omitió darle “los efectos que señala el artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo vigente para el momento de la terminación de la relación laboral”.

Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara IMPROCEDENTE la acción de amparo interpuesta por los abogados Marino Espiga Quintana y Juan Horacio Pessina Itriago, en su carácter de apoderados judiciales de Rafael Antonio Pinto Guzmán, contra la sentencia dictada el 11 de octubre de 1999, por el Juzgado Superior Quinto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas. Publíquese y regístrese.