Sentencia N° 386 — Sala Constitucional del TSJ, 26 de abril de 2013

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se declaró competente para conocer del conflicto de competencia suscitado entre varios juzgados en relación a una acción de amparo constitucional interpuesta por la Fiscal Undécimo del Ministerio Público, Judith San Martín, contra la Dirección de Prisiones. La Sala determinó que el caso se trataba de un conflicto negativo de competencia, ya que tres tribunales se habían declarado incompetentes para conocer del amparo. Finalmente, la Sala declaró la terminación del procedimiento por abandono del trámite, imponiendo una multa a la parte actora por la inactividad en el proceso.

Corresponde a esta Sala Constitucional determinar su competencia para conocer del presente caso y, en tal sentido, precisa, en primer lugar, que a pesar de que la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo señaló que se trataba de una “…regulación de la competencia…”, dicho asunto se corresponde con un conflicto negativo de competencia por haberse declarado incompetentes tres tribunales de la República en un procedimiento de amparo constitucional. En tal sentido, la Sala observa que el conflicto negativo de competencia se corresponde con la declaratoria de incompetencia decretada entre el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Central y la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, con ocasión de la acción de amparo constitucional interpuesta por la abogada Judith San Martín, en su condición de Fiscal Undécimo del Ministerio Público con Competencia en materia Penitenciaria.

PRIMERO.- COMPETENTE para resolver el presente conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua y el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Central. SEGUNDO.- COMPETENTE para conocer de la presente acción de amparo constitucional por intereses colectivos, interpuesta por la abogada Judith San Martín, en su condición de Fiscal Undécimo del Ministerio Público con Competencia en materia Penitenciaria, contra la Dirección de Prisiones del entonces Ministerio de Justicia. TERCERO: LA TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO, por abandono del trámite, en la presente pretensión de amparo incoada.