La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia admitió la acción de amparo constitucional interpuesta por los apoderados de varias empresas contra una sentencia del Juzgado Superior Civil que había condenado a las demandadas al pago de prestaciones sociales. Los abogados argumentaron violaciones al derecho a la defensa y al debido proceso, señalando que la sentencia impugnada contenía condenas contradictorias y carecía de claridad en la indexación de las costas. La Sala, al considerar que las violaciones denunciadas eran de orden público, decidió admitir la acción de amparo y suspender los efectos de la sentencia cuestionada hasta que se dicte un fallo definitivo.
Extracto de la motiva
La decisión judicial cuestionada, dictada en alzada, declaró con lugar la demanda propuesta por el ciudadano Carlos Luis Gutiérrez F. contra las accionantes en el presente juicio, revocando la decisión apelada que había sido dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito Trabajo, Agrario y de Estabilidad Laboral de la misma Circunscripción Judicial. En tal sentido, estimó que del análisis de los autos había quedado demostrado que el mencionado ciudadano fue trabajador del grupo empresarial demandado, pues no resultaban suficientes las pruebas promovidas por esta parte para desvirtuar la presunción contenida en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo, estableciendo que la existencia de una relación mercantil no es excluyente de una relación laboral, pudiendo coexistir ambas, en consecuencia, condenó a la parte demandada al pago de las prestaciones sociales que le correspondía al trabajador, “por haberles prestado sus servicios personales desde el 01-11-84 hasta el 02-02-92”, cantidades reclamadas en el escrito de demanda que enumeró de la manera siguiente: “La suma de DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CINCUENTAS BOLIVARES (Bs.2.542.550,oo), por concepto de Salario no cancelado de acuerdo con el capítulo II del libelo 2.- La suma de TRES MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES BOLIVARES (Bs.3.307.543,96), por concepto de Antigüedad, vacaciones vencidas, bono vacacional, vacaciones fraccionadas, utilidades, domingos trabajados, descanso compensatorio e intereses sobre las Prestaciones Sociales 3.- UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL VEINTISIETE BOLIVARES CON NOVENTA CENTIMOS (Bs.1.755.027,90) por concepto de costos y costas del proceso para un total de SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL CIENTO VEINTIUN BOLIVARES CON OCHENTA Y SEIS CENTIMOS (Bs.7.605.121,86). Se acuerda la indexación de dicha cantidad, hasta la fecha en que debió publicarse la sentencia: para lo cual se acuerda una experticia complementaria del fallo en la que los expertos tomarán en cuenta la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.
Dispositiva
Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO.- Se ADMITE la acción de amparo constitucional incoada por los abogados RENE FARÍA COOLOTTO, MANUEL PIÑANGO LOZADA Y LUÍS ALBERTO SISO OLAVARRÍA, actuando con el carácter de apoderados judiciales de Distribuidora Abeff, C.A., Compost Bocono Sociedad Agrícola, Champiñones Bocono Sociedad Agrícola, Transporte Mosquey, C.A. SEGUNDO.- Se ORDENA la notificación del ciudadano Juez Superior Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Estabilidad Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, a fin de que esta Sala Constitucional, una vez que conste en autos dicha notificación, fije dentro de las noventa y seis (96) horas siguientes a ella, la oportunidad en que se llevará a cabo la audiencia oral. TERCERO.- Se ORDENA al antes identificado Juzgado Superior, hacer del conocimiento de la otra parte en el proceso donde se dictó el fallo impugnado, es decir, al ciudadano CARLOS LUÍS GUTIÉRREZ, el contenido de la presente decisión, notificación que una vez realizada, debe hacerla del conocimiento inmediato de esta Sala, so pena de que su incumplimiento pudiera ser considerado como falta disciplinaria por desacato a la orden del Tribunal Supremo. CUARTO.- Se ORDENA la notificación del ciudadano Fiscal General de la República sobre la apertura del presente procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. QUINTO.- Se ACUERDA la medida cautelar solicitada, y en consecuencia, se ordena suspender los efectos de la sentencia dictada el 17 de febrero de 2000, por el Juzgado Superior Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Estabilidad Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, en el juicio contentivo de la acción que por cobro de prestaciones sociales y otros conceptos fuera interpuesta por el ciudadano Carlos Luís Gutiérrez contra las compañías accionantes, hasta tanto se dicte la sentencia que resuelva el fondo de la controversia planteada. Procédase a librar copia certificada de esta decisión para que la accionante pueda utilizarla en caso de que se pretenda ejecutar el dispositivo de la sentencia impugnada.
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