Sentencia N° 2559 Constitucional TSJ 2001: Suplygrafica Lara C.A. vs Mariana Freites Mora — Acción de amparo constitucional…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declara improcedente la acción de amparo constitucional interpuesta por SUPLYGRAFICA LARA C.A. contra la decisión del Juzgado Superior del Tránsito, de Trabajo y de Estabilidad Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, que había declarado parcialmente con lugar la demanda por calificación de despido presentada por Mariana Freites Mora. La Sala argumenta que la empresa demandada no cumplió con la obligación de pagar las prestaciones e indemnizaciones correspondientes tras el despido injustificado de la trabajadora, y que el Juzgado Superior actuó dentro de su competencia al dictar la decisión impugnada.

Evidencia esta Sala que el presente juicio se inició por una demanda de calificación de despido interpuesta por la ciudadana Mariana Freitez Mora contra la sociedad mercantil Supligráfica C.A.. En dicho procedimiento el Juzgado Superior del Tránsito, del Trabajo y de Estabilidad Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Lara dictó decisión en la que determinó que el despido de la trabajadora fue injustificado y ordenó a la empresa demandada el pago de las prestaciones de antigüedad e indemnizaciones establecidas en el artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo. Los representantes de la empresa demandada consideraron que la actuación del referido Juzgado Superior violó el derecho a la defensa y al debido proceso de su representada e incurrió en usurpación de funciones, toda vez que no tenía atribución para determinar el monto de las prestaciones de antigüedad, de los intereses producidos por esta prestación y la indemnización que su representada está obligada a pagar, por cuanto se trataba de un procedimiento de calificación de despido. Ahora bien, nuestro ordenamiento jurídico ha consagrado la protección al trabajo y las garantías al trabajador contra la privación injustificada del empleo, a saber: una estabilidad absoluta, que origina a favor del sujeto que la goza el derecho a ser reincorporado en el cargo del que fue privado, y una estabilidad relativa que genera el derecho a una indemnización en el trabajador que fue despedido por causas imputables al patrono, mas no su reincorporación al cargo. En este contexto, puede señalarse que la protección al trabajo y la estabilidad ha quedado establecida en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al señalar en su artículo 89 que: “El trabajo es un hecho social y gozará de la protección del Estado. La ley dispondrá lo necesario para mejorar las condiciones materiales, morales e intelectuales de los trabajadores y trabajadoras.” Igualmente, en su artículo 93 prevé: “La ley garantizará la estabilidad en el trabajo y dispondrá lo conducente para limitar toda forma de despido no justificado. Los despidos contrarios a esta Constitución son nulos.” Ahora bien, de la lectura del expediente se evidenció, que la parte demandada despidió a la ciudadana Mariana Freitez Mora injustificadamente, hecho este que se demostró durante el procedimiento de calificación de despido y que fue admitido por la empresa SUPLYGRAFICA LARA C.A. en el transcurso del proceso. Así las cosas, la empresa accionante estaba obligada a reenganchar a la trabajadora; no obstante dicha sociedad mercantil demostró tener menos de diez (10) trabajadores, situación que la eximía de la obligación del reenganche conforme lo establece el artículo 117 de la Ley Orgánica del Trabajo.

Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en nombre de la República por autoridad de la Ley declara IMPROCEDENTE IN LIMINE LITIS la acción de amparo constitucional interpuesta por los abogados Maximiliano Hernández, Sibeles de Nogal y Eyirama Sánchez, actuando con el carácter de apoderados judiciales de SUPLYGRAFICA LARA C.A., contra la decisión del Juzgado Superior del Tránsito, de Trabajo y de Estabilidad Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Lara del 9 de marzo de 2001, mediante la cual declaró parcialmente con lugar la demanda por calificación de despido incoada por la ciudadana Mariana Freites Mora en contra de su representada.