Sentencia N° 2554 — Sala Constitucional del TSJ, 15 de octubre de 2002

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia recibió un recurso de apelación en el marco de una acción de amparo constitucional interpuesta por Víctor Manuel Tellería. La acción fue declarada inadmisible por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de Yaracuy, al considerar que había cesado la violación de derechos constitucionales. La Sala, al revisar el caso, confirmó esta inadmisibilidad y declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Rubén Rafael Rumbos Gil.

Corresponde a esta Sala pronunciarse acerca de su competencia para conocer de la presenta apelación y, al respecto, observa que la misma ha sido interpuesta contra la decisión emanada del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy el 30 de enero de 2001, razón por la cual, esta Sala, en virtud del criterio asentado en sentencia del 20 de enero de 2000 (caso: Emery Mata Millán), resulta competente para conocer de la misma. Así se decide. Precisado lo anterior, esta Sala pasa a pronunciarse acerca del recurso de apelación ejercido, y al respecto, observa que en el caso de autos la acción de amparo constitucional fue interpuesta contra los autos dictados el 23 de octubre, el 13 y 20 de diciembre del 2000, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, que ordenó el mandamiento de ejecución contra los bienes del ciudadano Víctor Manuel Tellería. Dicho amparo se fundamentó en la violación de los derechos constitucionales al debido proceso y a la defensa consagrados en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, configurada según el accionante cuando el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy dictó varios autos donde: 1) ordenó el cumplimiento voluntario por parte de la intimada en el proceso; 2) decretó la ejecución forzosa solicitada por el ciudadano Balmore Rodríguez Noguera, parte intimante en el proceso; y, 3) acordó mandamiento de ejecución contra los bienes de su propiedad.

PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado Rubén Rafael Rumbos Gil, actuando en representación del ciudadano Víctor Manuel Tellería. SEGUNDO: CONFIRMA la sentencia dictada el 30 de enero de 2001 por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, que declaró inadmisible la acción de amparo interpuesta. Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Tribunal de origen.