Sentencia N° 2527 Constitucional TSJ 2001: Lucibel Vieira Acevedo vs ITALCAMBIO C.A. y 19 ASESORES GENERALES C.A.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la acción de amparo constitucional interpuesta por LUCIBEL VIEIRA ACEVEDO contra la decisión del Juzgado Superior Tercero del Trabajo que declaró su incompetencia para conocer la ejecución forzosa de una providencia administrativa. La Sala declaró que no ha lugar a la acción de amparo, argumentando que la suspensión de los efectos de la providencia administrativa impedía la ejecución inmediata y que la acción de amparo no era la vía idónea para solicitar dicha ejecución. Además, se consideró que no existía violación de los derechos constitucionales alegados por la accionante.

Corresponde a esta Sala pronunciarse acerca de la presente acción de amparo constitucional, por lo que analizadas como han sido las actas del expediente, así como los alegatos expuestos tanto por la parte accionante, por el tercero coadyuvante y la representante del Ministerio Público, se observa: En el presente caso, esta Sala advierte que, de las exposiciones efectuadas en la audiencia constitucional, tanto por la parte actora como del tercero interviniente, emanó un hecho que resulta no controvertido, como lo es la suspensión temporal de los efectos de la providencia administrativa Nº 145-2000 del 14 de septiembre de 2000, emanada de la Inspectoría del Trabajo del Municipio Libertador, que fue decretada mediante decisión del 27 de marzo de 2001, dictada por el Juzgado Sexto de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de conformidad con la previsión contenida en el artículo 136 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, hasta tanto quede definitivamente firme la decisión que haya de recaer en el recurso de nulidad interpuesto por ITALCAMBIO, C.A. y 19 ASESORES GENERALES C.A., contra el referido acto administrativo. Visto lo anterior, esta Sala observa que la referida suspensión constituye una medida cautelar prevista en el procedimiento contencioso administrativo y comporta la derogatoria provisional de la eficacia de que gozan los actos que emanan de la administración pública, bien impidiendo que los efectos derivados del mismo se produzcan, o bien interrumpiendo su curso. De lo anterior cabe deducir, necesariamente, que dictada la medida de suspensión, el acto administrativo pierde la posibilidad de ejecución inmediata hasta tanto se produzca una sentencia que resuelva la impugnación que se procura mediante el recurso de nulidad, dado que la suspensión constituye un estado de pasividad del acto, ya que el mismo, aun cuando se hubiera perfeccionado y careciere de vicios, pierde su idoneidad para producir los efectos para los cuales ha sido dictado. En fuerza de la anterior argumentación, la medida cautelar mediante la cual se suspendieron los efectos del acto administrativo cuya ejecución se procura a través de esta acción, excluye la vía de amparo, pues hasta tanto no sea resuelto por el tribunal contencioso administrativo competente el recurso de nulidad, al cual se encuentra supeditada la medida de suspensión de efectos del acto administrativo, este carece de ejecutividad y, por ende, de su eficacia inmediata.

Por los razonamientos expuestos, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que NO HA LUGAR a la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado Jesús Brito, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana LUCIBEL VIEIRA ACEVEDO, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Tercero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el 9 de abril de 2001. Publíquese, regístrese y notifíquese.