Sentencia N° 2106 Constitucional TSJ 2001: Sebastián Antonio Rojas, Erasmo Antonio… vs Corporación Cemento Andino C.A.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la acción de amparo constitucional interpuesta por varios ciudadanos contra una sentencia del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores del Estado Trujillo. Los accionantes alegaron haber sido despedidos injustamente y solicitaron el reenganche y pago de salarios caídos, argumentando que estaban amparados por el fuero de inamovilidad laboral debido a negociaciones colectivas en curso.

Una vez asumida la competencia pasa esta Sala a pronunciarse acerca de la acción interpuesta y, al efecto observa que, la finalidad de la acción de amparo contra sentencia prevista en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, está referida a la tutela de los particulares en el goce de sus derechos y garantías constitucionales, cuando los mismos sean infringidos por la actividad jurisdiccional de los órganos judiciales actuando fuera del ámbito de su competencia. Se ha señalado en anteriores fallos que este tipo de amparo contra sentencias está sometido a estrictos requisitos, tendentes a evitar que, con el pretexto de la supuesta violación de derechos constitucionales, se intenten reabrir asuntos ya resueltos judicialmente o impugnar sentencias por vías diferentes a las que establece el ordenamiento jurídico procesal y, en ese sentido, la Sala en sentencia número 189 del 14 de febrero de 2001, donde se reitera el criterio establecido en sentencia Nº 848 del 28 de julio de 2000, estableció: “En materia de amparo constitucional, las sentencias que dicten en última instancia los tribunales distintos a la Sala Constitucional, sólo podrán ser objeto de amparo si ellas contienen infracciones a derechos y garantías constitucionales de las partes, que versen sobre un agravio no juzgado en dichas causas”.

Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara IMPROCEDENTE in limine litis la acción de amparo constitucional y NO HA LUGAR al recurso de revisión interpuesto por el abogado Jesús Caldera, actuando con el carácter de apoderado judicial de los ciudadanos SEBASTIÁN ANTONIO ROJAS, ERASMO ANTONIO SEGOVIA, JOSÉ LUIS VÁSQUEZ, ARTURO DE JESÚS PEÑA, AURELIO ENRIQUE LOZADA, TONY JOSÉ RODRÍGUEZ Y LUCAS JOSÉ ALTUVE, contra la sentencia dictada el 7 de diciembre de 2000 por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo.