Sentencia N° 207 Constitucional TSJ 2001: Heriberto González, Felipe Jiménez, Alba… — Acción de amparo en materia…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dictó una sentencia en la que se aborda una acción de amparo presentada por un sindicato contra una decisión del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Tránsito y del Trabajo. La Sala establece que corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa la revisión de decisiones de las Inspectorías del Trabajo en conflictos relacionados con convenciones colectivas. Se ordena remitir el expediente a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo para que conozca de la consulta de la decisión impugnada.

Visto, finalmente, que la Sala Social en una decisión dictada el 18 de diciembre de 2000 (caso Francisco Gómez Márquez) ha ratificado el criterio elaborado por las Salas Civil y Político Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia, de que corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa, la revisión de las decisiones dictadas por las Inspectorías del Trabajo, en los conflictos suscitados con ocasión de las negociaciones de convenciones colectivas de trabajo, prevista en el artículo 519 de la Ley Orgánica del Trabajo, se observa: en reciente decisión de esta Sala, de fecha 8 de diciembre de 2000 (caso Chanchamire), se declaró que “... mientras no se dicten las leyes que regulen la jurisdicción constitucional o la contencioso-administrativa, y a pesar de la letra del artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el conocimiento de los amparos autónomos afines con la materia administrativa, corresponderá en primera instancia a los Tribunales Superiores con competencia en lo Contencioso Administrativo, que tengan competencia territorial en el lugar donde ocurrieron las infracciones constitucionales, a pesar de que no se trate de jueces de primera instancia. Esta determinación de competencia se hace en aras al acceso a la justicia y a la celeridad de la misma, evitando así, que las personas lesionadas deban trasladarse a grandes distancias del sitio donde se concretó el hecho lesivo, a fin de obtener la tutela constitucional. En beneficio del justiciable, si en la localidad en que ocurrieron estas transgresiones, no existe Juez Superior en lo Contencioso Administrativo, pero sí un Juez de Primera Instancia en lo Civil, éste podrá conocer del amparo conforme al artículo 9 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Ahora bien, si en la localidad en que ocurrieran las transgresiones constitucionales, tampoco existe Juez de Primera Instancia en lo Civil, conocerá de manera excepcional de la acción de amparo, el juez de la localidad, y éste, de conformidad con el artículo 9 antes citado, lo enviará inmediatamente en consulta obligatoria al Juez Superior en lo contenciosos Administrativo, para que se configure la primera instancia. De las decisiones que dictaren los Tribunales de Primera Instancia, a que se refiere este literal, basados en el artículo 9 citado, y en las situaciones allí tratadas, corresponderá conocer en consulta a los Tribunales Superiores en lo Contencioso Administrativo, y de las decisiones que éstos dicten en primera instancia, corresponderá conocer en apelación o consulta a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo ...”.

En consecuencia, visto que los eventos de los cuales se deduce la violación de derechos constitucionales tienen afinidad con la materia contencioso administrativa, aplicando la doctrina de esta Sala, parcialmente trascrita y la dictada por la Sala Social, a la cual se ha hecho referencia, se ordena remitir el presente expediente a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, a los fines de que conozca de la consulta de la decisión dictada el 8 de mayo de 2000, por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo, Menores y Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar con sede en la ciudad de Puerto Ordaz.