Sentencia N° 197 Constitucional TSJ 2001: Ramón Villarroel Noriega vs María Eugenia Paredes — Acción de amparo constitucional…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declara improcedente la acción de amparo interpuesta por Ramón Villarroel Noriega, apoderado de AGUAS DE MÉRIDA, C.A., contra la decisión del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Trabajo, de Menores, de Estabilidad Laboral y de Amparo Constitucional de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida. La acción se fundamentó en la interpretación errónea de los artículos 104 y 125 de la Ley Orgánica del Trabajo, que el juez de alzada aplicó al ordenar el pago simultáneo de beneficios laborales. La Sala aclara que la acción de amparo debe proteger derechos constitucionales y no meras violaciones legales.

Tal como ha sido narrado, en el presente caso la parte actora invoca como fundamento de su acción la interpretación que hizo el Juez de Alzada de las disposiciones contenidas en los artículos 104 y 125 de la Ley Orgánica del Trabajo; disposiciones que se refieren –evidentemente- a normas de orden legal y de las cuales deriva la vulneración de sus derechos constitucionales a la defensa y al debido proceso. Al respecto, ha venido observando esta Sala que esta práctica o forma de ejercer la acción de amparo no resulta excepcional, sino por el contrario, la misma se ha convertido en el modo más frecuente de ejercer este tipo de acción, lo cual obliga a formular un llamado de atención al foro jurídico y en especial a los abogados quienes frecuentemente hacen uso de este medio procesal, que los mismos deben tener presente que para la procedencia de la acción de amparo es necesario la confrontación directa del hecho, acto u omisión presuntamente lesivos, con la norma constitucional que se denuncia como conculcada. Tener presente lo anterior contribuiría a evitar no sólo las posibilidades de fracasar al momento en que sea decidido el asunto sino también evitar que este alto Tribunal distraiga inútilmente su tiempo examinando materias que escapan al ámbito propio de su jurisdicción. En este orden debe insistirse que la acción de amparo constitucional está concebida como una protección de derechos y garantías constitucionales stricto sensu; de allí que lo realmente determinante para resolver acerca de la pretendida violación, es que exista una violación de rango constitucional y no legal, ya que si así fuere el amparo perdería todo sentido y alcance y se convertiría en un mecanismo de control de legalidad.

Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley declara IMPROCEDENTE IN LIMINE la acción de amparo interpuesta por el abogado Ramón Villarroel Noriega, actuando en su carácter de apoderado judicial de la empresa AGUAS DE MÉRIDA, C.A., contra la decisión que emitiera el Juez Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, de Menores, de Estabilidad Laboral, y de Amparo Constitucional de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en fecha 1° de junio del año 2000. Publíquese, regístrese y comuníquese. Archívese el expediente.