Sentencia N° 1965 — Sala Constitucional del TSJ, 7 de septiembre de 2004

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declara improcedente la demanda de amparo interpuesta por Gianfranco Occupati Iliades contra un auto de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia. La demanda se fundamentó en la alegación de violación de derechos fundamentales, específicamente el debido proceso y el derecho a la defensa, en el contexto de un proceso penal por falsa atestación ante funcionario público. La Sala concluye que la decisión de la Corte de Apelaciones se ajustó a derecho y no constituyó una extralimitación de funciones.

La Sala se declaró competente para conocer de las demandas de amparo constitucional que se ejerzan contra las sentencias de última instancia que dicten los Juzgados Superiores de la República. En el caso de autos, la acción fue ejercida contra el auto que dictó la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, por el cual declaró con lugar los recursos de apelación que el Ministerio Público y la víctima interpusieron contra otro auto que pronunció el Juez Sexto del Tribunal de Control. La Sala concluye que la decisión de la Corte de Apelaciones no vulneró derechos fundamentales y se dictó dentro de los límites de su competencia.

Por los fundamentos expuestos, esta Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara PRIMERO: Con lugar el recurso de apelación interpuesto tanto por el ciudadano Guillermo Felipe Silvio Bravo, en su carácter de Fiscal Primero del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia. SEGUNDO: Revoca la decisión dictada por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, en fecha 13 de febrero de 2004, en la cual se decretó el sobreseimiento de la causa a favor de los ciudadanos Gianfranco Occupati Iliades y María Helen Machado de Pizarri. TERCERO: Ordena la realización de una nueva audiencia preliminar, la cual deberá ser llevada a efecto por un Juez distinto al que dictara la decisión revocada.