La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia recibió un recurso de amparo constitucional interpuesto por varios abogados contra un auto del Juzgado de Primera Instancia que admitió un recurso de apelación en ambos efectos. Los accionantes alegaron violaciones a sus derechos al debido proceso y a la defensa. La Sala, tras analizar los argumentos, concluyó que el error del Juzgado de Primera Instancia era subsanable y que existían medios ordinarios para restablecer la situación jurídica, por lo que declaró sin lugar la apelación y confirmó la decisión del Juzgado Superior que había declarado sin lugar la acción de amparo.
Extracto de la motiva
La acción de amparo constitucional, consagrada en el inciso segundo del artículo 27 de la Carta Magna, constituye un medio adicional a los ordinarios en la tarea de salvaguardar los derechos fundamentales. Esta acción no entraña un monopolio procesal en cuanto al trámite de denuncias respecto a violaciones a la regularidad constitucional. En consecuencia, es criterio de esta Sala que la acción de amparo constitucional opera bajo condiciones específicas, como el agotamiento de los medios judiciales ordinarios. En el caso bajo examen, se denunció que la infracción de derechos constitucionales se había configurado cuando el Juzgado de Primera Instancia oyó en ambos efectos el recurso de apelación. Sin embargo, se concluyó que el supuesto error en que hubiese podido incurrir el Juez de Primera Instancia podía ser subsanado por el Juez de Alzada, lo que llevó a confirmar la sentencia apelada.
Dispositiva
Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la apelación interpuesta por el abogado Félix Sánchez Padilla, actuando en su propio nombre, y en consecuencia, se CONFIRMA la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, el 22 de enero de 2001, que declaró sin lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por los abogados Félix Ireneo Sánchez Padilla, Amado Zavala Arcaya y Nelly Calles Arcaya contra el auto del 1° de diciembre de 2000.
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