Sentencia N° 1903 Constitucional TSJ 2001: Tanya Mauri Iturbe — Acción de nulidad interpuesta por TANYA MAURI ITURBE

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declara inadmisible la acción de nulidad interpuesta por la ciudadana Tanya Mauri Iturbe, por razones de inconstitucionalidad e ilegalidad contra varios artículos del Decreto de reorganización del Poder Judicial. La Sala fundamenta su decisión en la falta de validez de los argumentos presentados por la accionante, quienes alegaron violaciones a sus derechos y a la legalidad del acto administrativo. Se concluye que la Asamblea Nacional Constituyente actuó dentro de su competencia y que los actos impugnados tienen plena vigencia hasta que se establezcan las normas correspondientes por los poderes constituidos.

La Sala observa que el accionante solicita la nulidad de los citados artículos del Decreto mediante el cual se Reorganiza el Poder Judicial, promulgado por la Asamblea Nacional Constituyente. Al respecto, cabe señalar una vez más, que a partir del 25 de abril de 1999, oportunidad en la cual se celebró el referendo consultivo sobre la convocatoria a una Asamblea Constituyente, se dio inició a un régimen transitorio a cargo de la referida Asamblea, que perseguía, además de estructurar y promulgar un nuevo Texto Constitucional, la de conseguir “la transformación efectiva y real del Estado y la creación de un nuevo ordenamiento jurídico”, tal como se estableció en las Bases Comiciales contenidas en la Resolución N° 990324-72 del entonces Consejo Supremo Electoral, el 24 de marzo de 1999. Así, de conformidad con lo previsto en la Primera Pregunta contenida en el referendo consultivo, la Asamblea pasó a ser un órgano facultado por el pueblo “para transformar al Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico que permitiera el funcionamiento efectivo de una democracia social y participativa”. Durante ese régimen transitorio, la Asamblea Nacional Constituyente dictó gran cantidad de instrumentos normativos que vinieron a establecer el marco de su actuación, así como también la reorganización de todos los Poderes Públicos y de sus funciones. Al respecto, esta Sala ha señalado (Sentencia del 28 de marzo de 2000, Caso Allan Brewer-Carías y otros vs. Estatuto Electoral del Poder Público) que, durante este régimen transitorio, estuvo vigente la Constitución de la República de Venezuela de 1961, en lo que no colidiese con el régimen jurídico que creaba la Asamblea, y el ordenamiento transitorio dictado por ésta, ya que ejercía de manera originaria el Poder Constituyente, delegado mediante aprobación del pueblo venezolano, del referéndum celebrado el 25 de abril de 1999, por lo que no existía norma superior preestablecida por encima de sus determinaciones, criterio que ya había sido reconocido por la sentencia emanada de la Sala Plena de la entonces Corte Suprema de Justicia el 14 de octubre de 1999.

Por las razones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: INADMISIBLE la acción de nulidad interpuesta por razones de inconstitucionalidad e ilegalidad conjuntamente con amparo constitucional, suspensión de efectos del acto administrativo y medida cautelar innominada, por la ciudadana TANYA MAURI ITURBE, titular de la cédula de identidad Nº 3.483.965, contra las disposiciones contenidas en los artículos 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18,19,20,2122,23,24,25 y 26, del Decreto mediante el cual se Reorganiza el Poder Judicial del 18 de agosto de 1999 y publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 36.772, del 25 de agosto de 1999, reformado por error material del ente emisor el 19 de agosto de 1999 y publicado en la Gaceta Oficial N° 36.782 del 8 de septiembre de 1999; e IMPROCEDENTE in limine litis la acción de nulidad interpuesta por razones de inconstitucionalidad contra las disposiciones contenidas en la Resolución mediante la cual se dispone que, como medida cautelar en los procedimientos disciplinarios de los Jueces, se acuerda la suspensión de aquellos contra quienes existan siete (7) denuncias o más ante los Órganos Administrativos Disciplinarios del Consejo de la Judicatura y contra quienes cursaren averiguaciones penales, publicada en la Gaceta Oficial Nº 36.807 del 14 de octubre de 1999.