Sentencia N° 1728 — Sala Constitucional del TSJ, 17 de diciembre de 2012

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre un conflicto de competencia entre el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo y el Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo, en relación a una acción de amparo constitucional interpuesta por Jesús A. Pérez y Pilar José Aguilera Martínez contra la Inspectoría del Trabajo de Puerto Ordaz. La acción se fundamentó en la omisión de la Inspectora de decidir sobre solicitudes de reenganche y pago de salarios caídos, alegando violaciones a derechos laborales y constitucionales.

La Sala Constitucional, actuando como máximo intérprete de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, estima que el conocimiento de las acciones intentadas en ocasión de providencias administrativas dictadas por las Inspectorías del Trabajo, debe atribuirse como una excepción a la norma general contenida en el artículo 259 constitucional, a los tribunales del trabajo. Así se declara.

1- Se declara COMPETENTE para conocer del conflicto de competencia planteado entre el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, Extensión Territorial Puerto Ordaz y el Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar. 2- Declara COMPETENTE para conocer de la presente acción de amparo constitucional interpuesta por los ciudadanos JESÚS A. PÉREZ Y PILAR JOSÉ AGUILERA MARTÍNEZ, asistidos por el abogado Frank Leonardo Silva Silva, contra la Inspectoría del Trabajo de Puerto Ordaz "Alfredo Maneiro”, al Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar.