Sentencia N° 1692 Constitucional TSJ 2001: Embotelladora Terepaima C.A. vs Anderson José Salcedo Blanco — Acción de amparo…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la acción de amparo constitucional interpuesta por Embotelladora Terepaima C.A. contra una sentencia del Juzgado Primero de Primera Instancia del Trabajo. La Sala determinó que la falta de notificación a las partes sobre el abocamiento de un nuevo juez al conocimiento de la causa constituyó una violación del derecho a la defensa y al debido proceso. En consecuencia, se declaró con lugar la acción de amparo y se ordenó la reposición de la causa al estado en que se encontraba antes de la sentencia impugnada.

La solicitud de amparo constitucional se fundamenta en la presunta violación del derecho al debido proceso, así como en la presunta violación del derecho a la defensa, por no haberse ceñido el sentenciador a lo previsto en el artículo 126 de la Ley Orgánica del Trabajo, según el cual: ‘Si el patrono al hacer el despido, pagare al trabajador la indemnización a que se refiere el artículo anterior, no habrá lugar al procedimiento. Si dicho pago lo hiciere en el curso del mismo, este terminará con el pago adicional de los salarios caídos.’. Ahora bien, en el caso sub-judice se aprecia de las actas procesales, que el patrono compareció al acto conciliatorio, en cuya oportunidad insistió en el despido, y consignó las cantidades que a su juicio le correspondían al trabajador según el tiempo de servicio, y según la ley. En ese sentido, ha debido el sentenciador ceñirse a lo dispuesto en el artículo 126 supra transcrito, y luego de verificar que el pago se hubiere efectuado conforme a lo establecido en el artículo 125 ejusdem, declarar terminado el procedimiento, quedando a salvo el derecho que asiste al trabajador o a sus causahabientes de ejercer las acciones que puedan corresponderle conforme al derecho común, tal como le prevé el Parágrafo Único del Artículo (sic) 125 de la Ley Orgánica del Trabajo. En consecuencia al no haberse ceñido la conducta del Juez a lo previsto en el artículo 126 ejusdem, se produjo una subversión del procedimiento, lesionándose de esa manera el derecho al debido proceso de la quejosa, lo cual hace procedente la presente acción de amparo, y así se declara.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley CONFIRMA, en los términos señalados en el presente fallo, la parte dispositiva de la decisión dictada el 16 de noviembre de 2000 por el Juzgado Superior del Trabajo y Estabilidad Laboral del Estado Lara, conforme a lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. En consecuencia se ANULA la decisión dictada el 16 de mayo de 1999 por el Juzgado Primero de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara y, se ORDENA a dicho Tribunal, dictar sentencia dando cumplimiento al artículo 126 de la Ley Orgánica del Trabajo.