Sentencia N° 1666 Constitucional TSJ 2001: Ancor Cosmetics, C.A. vs Alejandrina Manchego Lemus — Acción de amparo constitucional…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró improcedente la acción de amparo constitucional interpuesta por ANCOR COSMETICS, C.A. contra la decisión del Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda. La acción se basó en la supuesta vulneración del derecho a la defensa y del debido proceso, argumentando que la juzgadora actuó fuera de su competencia al no considerar la carta de renuncia de la trabajadora como prueba válida en el juicio de calificación de despido. La Sala, al analizar el caso, concluyó que la juzgadora actuó conforme a derecho al no apreciar la carta de renuncia, ya que la empresa no alegó expresamente su renuncia en la contestación de la demanda. Además, se determinó que la accionante tuvo la oportunidad de presentar sus alegatos y pruebas durante el juicio, por lo que no se evidenció la vulneración de derechos constitucionales. Finalmente, la Sala declaró improcedente la acción de amparo, argumentando que lo que se planteaba era la disconformidad de la parte actora con el fallo del juzgado, y no una violación de derechos fundamentales.

Analizadas como han sido las actas que conforman el presente expediente, esta Sala pasa a decidir la acción de amparo interpuesta y a tal efecto observa: De acuerdo con lo previsto en el artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, toda persona tiene derecho a ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, aun de aquellos inherentes a su naturaleza que no figuren expresamente en el texto de esa Carta Fundamental o en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Por su parte, el artículo 4 de la Ley Orgánica sobre Derechos y Garantías Constitucionales señala que la acción de amparo procede cuando un Tribunal de la República, actuando fuera de su competencia, dicta una resolución o sentencia u ordene un acto que lesione un derecho constitucional. Dentro de este contexto, la Sala Constitucional en diversos fallos, entre ellos el dictado el 27 de julio de 2000 (Caso Seguros Corporativos (SEGUCORP) C.A. y Agropecuaria Alfin S.A.), ha precisado que el órgano jurisdiccional en el procedimiento de amparo está facultado para valorar las actuaciones de los órganos del poder público o de los particulares que hayan podido lesionar los derechos fundamentales, pero no puede entrar a revisar la aplicación o interpretación del derecho ordinario por parte de la administración o los tribunales, a menos que de ellas se derive una infracción directa de la Constitución, puesto que este medio judicial no constituye una nueva instancia judicial o administrativa, que pueda ser utilizada en sustitución de los recursos ordinarios que el ordenamiento jurídico consagra para la tutela de los derechos o intereses de los justiciables. En el caso examinado, la accionante señaló como fundamento de su acción de amparo constitucional, la supuesta interpretación errónea por parte de la juzgadora accionada de las normas legales aplicables en el juicio de calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos incoada en su contra por la ciudadana Alejandrina Manchego Lemus y la incorrecta apreciación de las pruebas promovidas en el referido juicio, especialmente en lo que respecta a una carta de renuncia que fue objeto de una experticia grafotécnica que arrojó como resultado que había sido suscrita por la mencionada trabajadora.

Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE in limine litis la acción de amparo constitucional incoada por ANCOR COSMETICS, C.A. contra la decisión del 26 de marzo de 2001 dictada por el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda. Publíquese, regístrese y comuníquese. Archívese el expediente.