Sentencia N° 156 Constitucional TSJ 2000: Corporación L’ Hotels C.A. vs Hoteles Doral C.A. — Acción de amparo constitucional…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la acción de amparo constitucional interpuesta por la sociedad mercantil CORPORACIÓN L’ HOTELS C.A. contra una sentencia del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Menores de Anzoátegui. La acción se fundamentó en la violación de derechos constitucionales a la defensa y al debido proceso, al considerar que el Juzgado Superior actuó fuera de su competencia al ordenar un mandamiento de ejecución contra la empresa sin que esta hubiera sido parte en el juicio original. La Sala declaró su competencia para conocer de la acción y admitió la misma, ordenando la notificación del Tribunal que emitió la sentencia impugnada. Además, se acordó una medida cautelar innominada, suspendiendo los efectos de la sentencia del Juzgado Superior hasta que se decida sobre el fondo de la acción de amparo, con el fin de evitar daños irreparables a la empresa accionante. Finalmente, se establecieron los procedimientos a seguir para la audiencia oral y se ordenó la notificación a las partes involucradas en el proceso original, asegurando así el cumplimiento de los derechos de defensa y debido proceso en el marco de la acción de amparo.

Que en sentencias de fechas 20 de enero del presente año (casos Emery Mata y Domingo Ramírez Monja) este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, determinó los criterios de competencia en materia de amparo constitucional, a la luz de lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Específicamente, en relación a las acciones de amparo contra sentencias que prevé el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, se sostuvo que corresponde a esta Sala la competencia para conocer de las acciones de amparo que se intenten contra las decisiones de última instancia emanadas de los Tribunales o Juzgados Superiores de la República, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal que infrinjan directa e inmediatamente normas constitucionales. Observa esta Sala que, en el caso de autos, la sentencia contra la cual se ejerce la presente acción, ha sido dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, actuando como alzada del Juzgado de Primera Instancia del Tránsito y del Trabajo de la misma Circunscripción Judicial. Siendo ello así, esta Sala - aplicando el criterio sostenido en el fallo parcialmente transcrito - resulta competente para conocer de la presente acción, y así se declara. Decidido lo anterior, corresponde a esta Sala pronunciarse acerca de la admisibilidad de la presente acción, a cuyo fin observa que la misma encuadra en el supuesto previsto en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, toda vez que del escrito de la acción de amparo se deduce que los apoderados judiciales de la empresa accionante imputan al Juzgado Superior antes mencionado, el haber actuado fuera de su competencia y el haber violado sus derechos constitucionales a la defensa, al debido proceso y a la propiedad, al ordenar que se dictara un nuevo mandamiento de ejecución, en el cual se decretara medida de embargo sobre los bienes de su representada.

1.- Se declara COMPETENTE para conocer de la acción de amparo constitucional interpuesta por los abogados PELAYO DE PEDRO ROBLES y MANUELA TOMASELLI MOCCIA, actuando en su carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil CORPORACIÓN L’ HOTELS C.A., contra la sentencia dictada el 30 de abril de 1999, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, la cual se ADMITE. 2.- Se ordena la notificación del titular o del encargado del referido Tribunal, a quien se le otorgan cuatro (4) días como término de la distancia, a fin que esta Sala Constitucional, una vez que conste en autos dicha notificación, fije la oportunidad en que ha de efectuarse la audiencia oral, dentro de las noventa y seis (96) horas de la última notificación que se haga de quienes haya que notificar. No se ordena la notificación del accionante por estar a derecho. 3.- Se ordena la notificación del Fiscal General de la República de la apertura del presente procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Asimismo, se ordena hacer saber a las partes del proceso que originó el fallo impugnado, Alfonso Rivera Suárez y Hoteles Doral C.A. de la presente admisión, notificación que debe hacer de inmediato de ello a esta Sala, bajo pena que su incumplimiento pudiera ser considerado como falta disciplinaria por desacato a la orden de la Sala. En caso que el expediente se encontrare en primera instancia, el Juzgado Superior deberá comisionar al inferior para que haga las participaciones correspondientes, apercibido de la misma sanción. 4.- Se ACUERDA la medida cautelar innominada; en consecuencia, se SUSPENDEN los efectos de la sentencia dictada el 30 de abril de 1999, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, hasta que sea decidida esta causa.