Sentencia N° 1499 Constitucional TSJ 2001: Marcial Antonio Guevara Zubillaga vs Fundación Fondo de Fortalecimiento Social

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia decidió sobre la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado Jesús Alberto Dicurú Antonetti en representación de Marcial Antonio Guevara Zubillaga. La acción fue presentada contra un auto del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Trabajo que declaró improcedente una demanda de indemnización. La Sala confirmó la decisión del Juzgado Superior Tercero del Trabajo, argumentando que el auto impugnado se ajustaba a la normativa vigente, específicamente al artículo 38 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, que establece el procedimiento de notificación al Procurador General de la República.

A los efectos de decidir acerca de la consulta sometida al conocimiento de esta Sala, se observa lo siguiente: La Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en el primer aparte del artículo 38, prevé lo relativo a la notificación, entre otras, de las demandas en las cuales sea parte la República, a saber: “Artículo 38: Los funcionarios judiciales están obligados a notificar al Procurador General de la República de toda demanda, oposición, excepción, providencia, sentencia o solicitud de cualquier naturaleza que, directa o indirectamente, obre contra los intereses de la República. Dichas notificaciones se harán por oficio y deberán ser acompañadas de copia certificada de todo lo que sea conducente para formar criterio acerca del asunto. El Procurador General de la República deberá contestarlas en un término de noventa (90) días, vencidos el cual se tendrá por notificado(…)” (Resaltado de la Sala). Ahora bien, al respecto, la Sala de Casación Civil, de la entonces Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 17 de enero de 1996, (Caso: Manuel Salvador Marín Rodríguez. vs. PDVSA Petróleo y Gas, S.A.), estableció lo siguiente: “Tal notificación no es más que un aviso que se da a la República para que si lo considera conveniente intervenga en el proceso donde los intereses de la República puedan verse afectados, y tal intervención -de concretarse- no puede ser otra que el hacerse parte en dicho proceso, para hacer valer los derechos de la República. Consecuencia del dispositivo de la norma es, que notificada la República ésta decidirá si se hará parte o no en el proceso de donde emanó la notificación, y por ello ésta se acompaña, conforme al artículo 38 aludido, con copia certificada de todo lo que sea conducente para formar criterio. Cuando la norma bajo estudio reza que el Procurador General de la República debe contestar en un término de 90 días, vencido el cual se tendrá por notificado, a lo que se refiere la ley es que la notificación deberá ser contestada en el caso que la República decida hacerse parte, por lo que tiene un término de 90 días para ello, a partir de la notificación. Si transcurrido este lapso no contesta, quedó formalmente notificado de la existencia del proceso, pero sin que la República se haga parte en el mismo. De allí que el art. 38 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República crea un lapso especial para que la República se haga parte en el juicio. (…) Así la República escoge si se hará parte o no en los procesos que le son notificados, intervención que deberá asumir uno de los supuestos del art. 370 del Código de Procedimiento Civil, que regula la intervención voluntaria. (…)

Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la decisión dictada el 6 de abril de 2000, por el Juzgado Superior Tercero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, mediante la cual declaró improcedente la acción de amparo constitucional, interpuesta por el abogado JESUS ALBERTO DICURU ANTONETTI, actuando en su carácter de apoderado judicial del ciudadano MARCIAL ANTONIO GUEVARA ZUBILLAGA, contra el auto del 1º de marzo de 2000, dictado por el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Trabajo y Estabilidad Laboral de la misma Circunscripción Judicial. Publíquese, regístrese y remítase el expediente. Cúmplase lo ordenado.