Sentencia N° 148 Constitucional TSJ 2000: Grupo V.P.C. Protectora de Crédito, S.A. vs Empresa de Publicidad y Aseo (Epa…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia confirma la decisión del Juzgado Superior Cuarto del Trabajo que declaró con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por GRUPO V.P.C. PROTECTORA DE CRÉDITO, S.A. contra una sentencia que ordenaba su condena sin haber sido parte en el proceso. La Sala establece que se vulneró el derecho a la defensa y al debido proceso, ya que la empresa no fue notificada ni citada en el juicio donde se dictó la sentencia que la afectaba. Se declara nula la sentencia del Juzgado Décimo de Primera Instancia del Trabajo y se ordena la restitución de los derechos de la demandante.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 49, alude a la noción del debido proceso, la cual –según el criterio de esta Sala- está conformada por aquel proceso que reúne las garantías indispensables para brindarle a los ciudadanos una tutela judicial efectiva. En este sentido, la norma constitucional citada no se refiere a una clase determinada de proceso, sino a todo el universo de vías procesales previamente establecidas, de tal forma que todas las actuaciones –tanto judiciales como administrativas- sean capaces de garantizar la existencia de un procedimiento que asegure el derecho a la defensa, explanado en el numeral 1 del artículo 49 de la Carta Magna vigente, y que se caracteriza porque las partes tengan oportunidad real de ser oídas en juicio. Observa esta Sala que, en el caso in examine, existió una flagrante violación al derecho a la defensa, por medio de la decisión del Juzgado Décimo de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, que declarase con lugar la incidencia de la sustitución de patronos alegada por el trabajador reclamante, condenando a las empresas GRUPO V.P.C. PROTECTORA DE CRÉDITO, S.A. y PROMOCIONES EXCEL, C.A. a cumplir con unas determinadas obligaciones laborales, sin haberles dado la oportunidad de defenderse. En efecto, el tribunal en referencia abrió una articulación para que las partes aportaran las pruebas relativas a la sustitución de patronos, pero –tal como se evidencia del análisis de autos- no notificó, ni citó en forma alguna a las empresas contra las cuales operaba la misma –y que el tribunal de la causa consideró como sustitutas-, sino a tan sólo a aquella que resultó demandada en el procedimiento de calificación de despido, calificada luego como presunto patrono sustituido. Es precisamente en este punto -en la ausencia total de citación o notificación- en donde radica la violación de la garantía constitucional, pues la misma aniquila la posibilidad real de conocimiento por parte de la agraviada, de que existe un determinado proceso en el que puede resultar perjudicada. Más aun, no podría afirmarse que era innecesaria la notificación, dado que las partes se encontraban a derecho, en virtud de que las empresas consideradas como sustitutas no fueron llamadas en ningún momento a juicio; por lo que les resultaba imposible oponer las defensas pertinentes para desvirtuar el alegato del reclamante en el referido proceso laboral. De conformidad con los anteriores planteamientos, esta Sala Constitucional considera que sí se produjo la violación del derecho a la defensa y al debido proceso alegadas por el accionante, por lo que debe confirmar la decisión del Juzgado Superior Cuarto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas.

Por las razones anteriormente expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia, actuando en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA en todas sus partes la decisión del Juzgado Superior Cuarto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, de fecha 13 de octubre de 1999, en la acción de amparo constitucional ejercida por el abogado Donald Bermúdez Ramírez, en representación de la sociedad mercantil GRUPO V.P.C. PROTECTORA DE CRÉDITO, en contra de la sentencia dictada por el Juzgado Décimo de Primera Instancia del Trabajo de la misma Circunscripción Judicial.