Sentencia N° 14 Constitucional TSJ 2000: Freddy Ramón Rosas Urbina vs Liliam Fabiola Uzcátegui — Acción de amparo constitucional

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia decidió sobre una acción de amparo constitucional interpuesta por Freddy Ramón Rosas Urbina contra una sentencia del Juzgado Segundo de Primera Instancia que declaró con lugar una demanda por cobro de honorarios profesionales. La Sala desestimó la acción de amparo, argumentando que el demandante había desistido de un recurso de hecho que debía haber utilizado para impugnar la decisión del tribunal inferior, lo que llevó a la inadmisibilidad de su solicitud de amparo. La decisión se fundamenta en la existencia de medios procesales ordinarios que garantizan la protección de los derechos alegados.

Analizado como ha sido el motivo por el cual fue desestimada la acción de amparo por el Tribunal a quo, pasa esta Sala a decidir, y a tal efecto observa: El carácter extraordinario de la acción de amparo constitucional, implica, fundamentalmente, la inexistencia de otro medio procesal que permita el oportuno restablecimiento de la situación jurídica que se alega como infringida, o que aun existiendo, sea de tal modo inoperante que no garantice la efectiva protección de tal derecho. Este carácter se acentúa aun más en los amparos contra sentencia, por cuanto los medios ordinarios de revisión de las mismas, ofrecidos por el derecho procesal ordinario, son sumamente amplios y eficaces, siendo la más conspicua manifestación de ello el mecanismo de la apelación, que además opera en dos efectos ‐respecto de la sentencia definitiva dictada en primera instancia, tal como lo disponen los artículos 288 y 290 del Código de Procedimiento Civil, lo cual evita la posibilidad de lesiones irreparables, debido al efecto suspensivo de la eficacia del fallo. Igualmente advierte la Sala que para el supuesto de que tal apelación no fuere oída ‐ como sucede en el caso de autos ‐ también el ordenamiento jurídico pone a disposición de los particulares medios ordinarios de impugnación de tales negativas, como es el caso del denominado recurso de hecho, previsto el artículo 305 y siguientes del Código de Procedimiento civil. Ahora bien, como lo señala la sentencia objeto de la presente consulta, resulta evidente que el intimado ‐ hoy accionante ‐ frente a la negativa del Tribunal de Primera Instancia de escuchar su apelación, disponía del recurso de hecho como el medio procesal ordinario e idóneo para lograr que la misma fuera escuchada, y con ello, que la alzada conociera de sus objeciones a la sentencia. Así lo entendió en su oportunidad el propio accionante cuando recurrió de hecho contra el auto que negó su apelación en fecha 13 de julio de 1999, recurso del cual desistiera posteriormente. Por lo tanto, la interposición de la acción de amparo constitucional contra la misma decisión cuya apelación se pretendía, evidencia que la parte actora, sin justificación de ninguna índole, sustituyó el medio natural de impugnación de la sentencia de primera instancia, como lo era la apelación, por otro medio, que como se ha dejado sentado, opera de manera extraordinaria, motivo por el cual, en criterio de esta Sala, resulta incuestionable la ‐decisión del Tribunal consultante, por cuanto efectivamente se configuró la causal de inadmisibilidad contenida en el artículo 6' numeral 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constituciones, por existir un medio procesal acorde con su pretensión. En razón de los motivos expresados, resulta forzoso confirmar la decisión del juzgado remitente, y así se declara.

CONFIMA la decisión dictada por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, mediante la cual se desestimó la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano Freddy Ramón Rosas Urbina, contra la sentencia dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas el 17 de junio de 1999. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente.