Sentencia N° 1350 Constitucional TSJ 2001: Smith Alejandro Castillo vs Procuraduría General del Estado Monagas

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declara improcedente la acción de amparo constitucional interpuesta por Smith Alejandro Castillo, apoderado de la Procuraduría General del Estado Monagas, contra la sentencia del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas. La Sala argumenta que la pretensión carece de los elementos de convicción necesarios para abrir la vía procesal correspondiente, y que el juzgador de instancia actuó correctamente al calificar la relación laboral entre la ciudadana Margarita Fernández y la Procuraduría como laboral, no administrativa.

Examinados como han sido las alegaciones traídas por el ciudadano Smith Alejandro Castillo, en su carácter de apoderado judicial de la Procuraduría General del Estado Monagas, contra la decisión del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, del 16 de mayo de 2001, esta Sala Constitucional, luego de contrastar las mismas con el régimen jurídico que informa la acción de amparo constitucional y los derechos fundamentales, ha llegado a la conclusión de que la pretensión formulada carece de los elementos de convicción indispensables para que se abra la vía procesal correspondiente, por lo que pasa a declarar su improcedencia de plano, bajo los motivos que se explicarán seguidamente. En primer lugar, estima la Sala que es incorrecto el argumento del accionante según el cual el juzgador de instancia no era competente para conocer de la solicitud de calificación de despido incoada por la ciudadana Margarita Fernández ante la jurisdicción laboral. Así como la afirmación derivada de la anterior, de que la sentencia impugnada lesionó la garantía constitucional del justiciable al juez imparcial predeterminado por la ley. El accionante soporta tal denuncia, primero, en que el fallo impugnado determinó que la relación jurídica entre la ciudadana Margarita Fernández y su representada constituía una relación laboral, y segundo, en que dicho fallo concluyó que el acto de despido dictado por el accionante no era de naturaleza administrativa. De los propios razonamientos contenidos en la sentencia impugnada se desprende el juicio de improcedencia de tales alegatos. De ella extrae la Sala las siguientes ideas: a) Que entre las obligaciones asumidas por el Estado, se destacan dos tipos bien diferenciados. Por un lado, las que asume con el fin de ejercer la administración pública, dictar órdenes y hacerlas cumplir, regidas por el derecho público; de otro, las que contrae al contratar con los particulares, disciplinadas por el derecho privado. La relación laboral entraría en el segundo tipo señalado, y consistiría en la prestación por un particular de un servicio personal, independientemente del nombre o calificativo que en el contrato pueda dársele.

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara IMPROCEDENTE in limine la pretensión planteada en la acción de amparo constitucional incoada por el ciudadano Smith Alejandro Castillo, actuando en su carácter de apoderado de la PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO MONAGAS, contra la sentencia proferida el 16 de mayo de 2001, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas. Publíquese, regístrese y comuníquese. Archívese el presente expediente.