Sentencia N° 1330 — Sala Constitucional del TSJ, 9 de noviembre de 2006

La Sala Constitucional revisó la desaplicación del artículo 647, letra g, de la Ley Orgánica del Trabajo, que permitía el arresto por incumplimiento de multas laborales. La Jueza Décimo Octava consideró que esta norma era incompatible con el derecho al juez natural y la Constitución. La Sala concluyó que la desaplicación era procedente, reafirmando que solo los jueces penales pueden imponer arrestos, protegiendo así el derecho al debido proceso.

La potestad de la Sala Constitucional para la revisión de las decisiones de control de la constitucionalidad está atribuida en los términos establecidos por la ley orgánica respectiva. En este caso, la Jueza de Municipio remitió el acto de juzgamiento por el cual declaró la inaplicación del artículo 647, letra g, de la Ley Orgánica del Trabajo, bajo la consideración de que la norma colidía con el contenido de los artículos 44 y 49 de la Constitución. La Sala estima pertinente expresar que el procedimiento para la aplicación de sanciones se encuentra establecido de manera genérica en el artículo 647, sin especificar las multas, lo que permite interponer acciones penales y civiles por las faltas cometidas. La sanción es la exteriorización de una conducta estatal que impone al particular un determinado comportamiento, resguardando sus derechos constitucionales. La Sala concluye que el artículo 647, letra g, vulnera el derecho al juez natural, reiterando el criterio expuesto en sentencias anteriores.

En ejercicio del control difuso de la constitucionalidad, inaplica el literal ‘g’ del artículo 647 de la Ley Orgánica del Trabajo, por las razones expuestas en el presente fallo. Este Tribunal considera improcedente la presente solicitud de imposición de arresto, por ser inconstitucional el literal ‘g’ del artículo 647 de la Ley Orgánica del Trabajo. Así se decide.