Sentencia N° 1329 — Sala Constitucional del TSJ, 9 de noviembre de 2006

La Sala Constitucional revisó una sentencia de la Jueza Décimo Octava que desaplicó el artículo 647, letra g, de la Ley Orgánica del Trabajo, argumentando que este artículo vulnera el derecho al juez natural y no establece un recurso de apelación. La Sala concluyó que la norma es inconstitucional, ya que solo los jueces penales pueden imponer arrestos, y que el procedimiento administrativo no garantiza el debido proceso. La decisión reafirma la importancia del control difuso de la constitucionalidad y la protección de los derechos laborales.

La Sala Constitucional, en veredicto n° 1400 del 8 de agosto de 2001, determinó lo siguiente: '...el juez constitucional debe hacer saber al Tribunal Supremo de Justicia sobre la decisión adoptada, a los efectos del ejercicio de la revisión discrecional atribuida a la Sala Constitucional conforme lo disponen los artículos 335 y 336.10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.' Así, corresponde a esta Sala pronunciarse sobre la revisión del acto jurisdiccional que expidió la Jueza Décimo Octava de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el 31 de octubre de 2006, mediante la cual decretó la desaplicación del artículo 647, letra g, de la Ley Orgánica del Trabajo. Así se declara.

La Sala Constitucional, en ejercicio del control difuso de la constitucionalidad, inaplica el literal ‘g’ del artículo 647 de la Ley Orgánica del Trabajo, por las razones expuestas en el presente fallo. Por otra parte, con fundamento en las normas invocadas y los razonamientos antes expuestos y en atención a la inaplicación declarada, este Tribunal considera improcedente la presente solicitud de imposición de arresto, por ser inconstitucional el literal ‘g’ del artículo 647 de la Ley Orgánica del Trabajo. Así se decide.