Sentencia N° 1327 — Sala Constitucional del TSJ, 8 de noviembre de 2006

La Sala Constitucional revisa la decisión de la Jueza Vigésimo Primera de Municipio que desaplicó el artículo 647, letra g, de la Ley Orgánica del Trabajo, argumentando que solo los jueces penales pueden imponer penas privativas de libertad. La Sala concluye que la desaplicación es válida por control difuso de la constitucionalidad, ya que la norma colide con los artículos 44 y 49 de la Constitución, que garantizan el derecho al juez natural y la protección de la libertad personal.

La Sala Constitucional, en veredicto n.° 1400 del 8 de agosto de 2001, determinó que el juez constitucional debe informar al Tribunal Supremo de Justicia sobre la decisión adoptada, para el ejercicio de la revisión discrecional. En este caso, la Jueza de Municipio remitió el acto de juzgamiento que declaró la inaplicación del artículo 647, letra g, de la Ley Orgánica del Trabajo, argumentando que colidía con los artículos 44 y 49 de la Constitución. La Sala estima que el procedimiento para la aplicación de sanciones debe ser realizado por el órgano administrativo competente, y que el juez de Municipio solo actúa como ejecutor de la orden de arresto, sin tener conocimiento del hecho que origina la sanción. La Sala concluye que la desaplicación de la norma es necesaria para garantizar el derecho al juez natural y el debido proceso.

Se declara con lugar la revisión de la desaplicación del artículo 647, letra g, de la Ley Orgánica del Trabajo, por control difuso de la Constitución, ya que colide con el numeral 1 del artículo 44 y los numerales 1 y 4 del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.