Sentencia N° 1239 Constitucional TSJ 2001: TONY MANSOUR MAROUN TAOUK y Bonjour Fashion… vs Banco República C.A. Banco Universal

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia admitió la acción de amparo interpuesta por el abogado Rafael Montserrat Prato en representación de Tony Mansour Maroun Taouk y la sociedad Bonjour Fashion de Venezuela C.A. contra una sentencia del Juzgado Superior Octavo en lo Civil y Mercantil Bancario. La Sala consideró que la parte demandante no cumplió con los requisitos necesarios para la admisión de la vía ejecutiva, lo que afectó el derecho de defensa de los demandados. En consecuencia, se revocó la sentencia impugnada y se ordenó que otro juez del tribunal superior oyera nuevamente la apelación.

De las actas del expediente; de la exposición de la representación judicial del accionante y de la representante del Ministerio Público, la Sala observa: que al oponer las cuestiones previas la parte demandada fundó la cuestión previa del ordinal 11° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil en que no se cumplió, por parte de la actora, la condición de agotar la vía administrativa o extrajudicial. A juicio de esta Sala no es razón para que no se admita una demanda el que no se agoten las gestiones de cobro “por vía administrativa o extrajudicial” (sic), producto de acuerdo entre las partes, ya que la prohibición de la Ley de admitir la acción propuesta debe constar de un texto legal e, igualmente, de dicho texto deben emanar las causales de admisión de determinadas demandas. En consecuencia, los fundamentos en que basó la demandada la cuestión previa no son legales y resultan ininteligibles para la Sala en lo que se refiere al agotamiento de la vía administrativa, lo cual se alegó basándose en una decisión del Juzgado de Sustanciación de la Sala Político-Administrativa de la entonces Corte Suprema de Justicia. Resultado de lo anterior es que el Juez de la recurrida, ciñéndose estrictamente a los alegatos de la demandada, declaró sin lugar la cuestión previa, ya que realmente dichas afirmaciones no se subsumen en el ordinal 11° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil. Establecido lo anterior y, habiéndose decretado en el auto de admisión de la demanda que el juicio se tramitaría por el procedimiento de la vía ejecutiva, el procedimiento ordinario era el aplicable por mandato del artículo 637 del Código de Procedimiento Civil y, en consecuencia, la citación presunta era posible, con todas sus secuelas, y así se declara. Sin embargo, observa la Sala que, en el caso de autos, la parte accionante de la vía ejecutiva, quien invocó en su libelo se tramitara por ese procedimiento, no acompañó instrumentos privados reconocidos que demostrasen de una manera cierta la obligación de pagar cantidades líquidas con plazo cumplido, ni que constaren en instrumentos auténticos, requisitos indispensables para que procediera la vía ejecutiva, ya que ni las letras de cambio ni los pagarés acompañados al libelo como fundamentales, y que presuntamente demostraban la utilización de la línea de crédito, lo eran. Ante esa falla, el Juez de la Primera Instancia no ha debido admitir la demanda de vía ejecutiva y, sin embargo, la admitió. Surge para la Sala el dilema, de que opuesta la cuestión previa de inadmisibilidad de la acción por parte del demandado, sin fundarse en el artículo 630 del Código de Procedimiento Civil, pueda tener el Juez de la Alzada el deber de declarar inadmisible de oficio la vía ejecutiva, por razones no alegadas por las partes; y al no hacerlo así, infringió el derecho de defensa a la parte demandada que no expuso, como basamento de la cuestión previa aducida, la verdadera razón para ello, cual sería el incumplimiento de algunos de los requisitos de admisibilidad de la vía ejecutiva. Sin embargo, ante la inadmisibilidad de la vía ejecutiva, se plantea la Sala si los jueces de instancia, garantes del derecho de defensa de las partes, han podido subsanar de oficio el vicio en la admisión y declararlo sin alegato de parte. Es indispensable para contestar tales planteamientos determinar si la admisión de un procedimiento especial, como la vía ejecutiva, sin que se cumplan sus requisitos de admisibilidad, constituye una violación del derecho de defensa del demandado, que amerite que el juez de oficio lo tutele, anulando el auto de admisión de la demanda. La Sala hace notar que la vía ejecutiva se tramita por el procedimiento ordinario, pero con la característica de que se adelanta la fase ejecutiva con relación a un fallo que no se ha dictado, y se procede al embargo ejecutivo de bienes y la publicación de carteles y otros actos de ejecución, quedando en suspenso sólo el remate, para que este tenga lugar una vez que la sentencia declarada con lugar en la vía ejecutiva, quede firme; lo que puede ser perjudicial para el demandado, comparado con el juicio ordinario. A juicio de esta Sala, el problema suscitado no se refiere a si el juez de la recurrida confundió el procedimiento de intimación con el de vía ejecutiva, como lo expuso la actora, ya que a pesar de los errores que pudieron existir en su fallo con relación a la intimación, ellos no influyen en la dispositiva donde se declaró sin lugar la cuestión previa del ordinal 11° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, que era, de las opuestas, la única que podía conocer por estar sujeta a apelación. Luego, para la Sala lo importante es determinar si existe una violación tal del derecho de defensa, al subvertirse el proceso, que afecte al demandado, hoy actor. Para dilucidar el caso, que es netamente jurídico, resultan irrelevantes las unilaterales certificaciones médicas acompañadas por el demandado. Y así se declara. Ahora bien, visto que la sentencia impugnada declaró sin lugar la apelación interpuesta y confirmó el fallo apelado en el sentido de declarar improcedente la cuestión previa del ordinal 11° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil; Visto que el juicio primigenio debía tramitarse por el procedimiento de la vía ejecutiva, conforme al artículo 630 del Código de Procedimiento Civil, y siendo que la sentencia impugnada resulta inconsistente con el pronunciamiento sobre la naturaleza de dicha vía, pues la acción originaria ha debido seguirse conforme al Título II, Capítulo I del Libro IV del Código de Procedimiento Civil, lo que exigía instrumento público u otro instrumento auténtico o instrumento privado reconocido para invocarla; Visto, además, que en este caso el trámite de la vía ejecutiva es incompatible con la medida de embargo ejecutivo practicado por el Tribunal Ejecutor de Medidas comisionado por el Juez, lo cual afecta el debido proceso y, por ende, el derecho de defensa conforme al artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela;

La Sala declara parcialmente con lugar la acción de amparo; revoca la sentencia impugnada; y ordena a otro Juez del Tribunal Superior Octavo en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y Sede en la ciudad de Caracas que oiga nuevamente la apelación intentada y resuelva lo conducente respecto de la tramitación del asunto conforme al artículo 630 del Código de Procedimiento Civil. Con respecto a la medida de embargo ejecutivo acordada, la Sala decide que la misma debe ser mantenida hasta tanto se produzca la decisión que resuelva la apelación ordenada en este fallo, y así se declara.