Sentencia N° 1152 Constitucional TSJ 2000: Carlos Ortega Carvajal, Ilidio Velásquez… vs Asamblea Nacional Constituyente

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia admitió la acción de nulidad por inconstitucionalidad interpuesta por varios ciudadanos en contra de un Decreto de la Asamblea Nacional Constituyente que suspendía la discusión de la Convención Colectiva de Petróleos de Venezuela. La Sala consideró que el Decreto violaba derechos fundamentales, como el derecho a la negociación colectiva y la libertad sindical, y que la acción de nulidad era procedente en lo que respecta a ciertos artículos del Decreto impugnado. Sin embargo, se declaró inadmisible la solicitud de amparo constitucional debido a que la supuesta violación había cesado.

La Sala Constitucional, al analizar la acción de nulidad, destacó que el Decreto impugnado, al suspender la negociación colectiva, afectaba derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Se argumentó que la suspensión de la negociación colectiva no podía justificarse sin una causa material que justificara la declaratoria de emergencia, lo que no se evidenció en el caso. Además, se enfatizó que el derecho a la negociación colectiva es un derecho humano fundamental que no puede ser restringido sin justificación adecuada. La Sala también hizo referencia a los tratados internacionales ratificados por Venezuela que protegen la libertad sindical y la negociación colectiva, concluyendo que el Decreto violaba estos principios.

1.- Que ADMITE, la acción de nulidad por razones de inconstitucionalidad interpuesto por los ciudadanos CARLOS ORTEGA CARVAJAL, ILIDIO VELÁSQUEZ, MIGUEL MARTÍNEZ, WILLIAMS ROMERO, FEDERICO RAMÍREZ LEÓN, CARLOS NAVARRO, GUSTAVO GADO MOMBRUNT, FREDDY SIMÓN IRIARTE y PABLO EMILIO CASTRO, contra el Decreto sin número de la Asamblea Nacional Constituyente dictado en fecha 30 de enero de 2000 y publicado en la Gaceta Oficial número 30.906 del 2 de marzo del año en curso, en lo que se refiere a la acción de nulidad contra las normas previstas en los artículos 3, 4, 5, 6 y 7 del indicado Decreto debiéndose circunscribirse los alegatos de los accionantes a tales normas. 2.- DECLARA la acción interpuesta como caso de URGENTE DECISIÓN, conforme a lo establecido en el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia y en consecuencia, se reducen a la mitad los lapsos previstos para la tramitación de dicha acción. 3.- Declara INADMISIBLE, la solicitud de amparo constitucional propuesta por los accionantes antes identificados, por haber cesado la presunta violación constitucional a la cual refieren los accionantes, conforme a lo establecido en el numeral 1 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.