Sentencia N° 1095 Constitucional TSJ 2001: LIDO CASINO, C.A. y BINGO JUANGRIEGO, C.A. — Acción de amparo constitucional

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia resolvió la consulta sobre la decisión del Juzgado Superior que declaró con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por Lido Casino, C.A. y Bingo Juangriego, C.A. La sentencia consultada argumentó que el Juzgado de Primera Instancia había vulnerado el derecho al debido proceso al desestimar el valor probatorio de los recibos de pago presentados por las demandadas, los cuales no fueron contradichos en el proceso. Además, se consideró que el Juzgado de Primera Instancia actuó fuera de su competencia al fijar la oportunidad para el nombramiento de jueces retasadores, lo cual correspondía al tribunal ejecutor de la sentencia.

Adujeron las accionantes que le fueron violadas las garantías constitucionales al debido proceso y a la defensa, contempladas en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya que el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta vulneró el principio de seguridad jurídica, al desechar el valor probatorio de los recibos por ellas consignados, en franca violación de lo dispuesto en los artículos 429 y 444 del Código de Procedimiento Civil, todo ello a pesar de que estos recibos fueron debidamente reconocidos según la sentencia del tribunal de la causa de fecha 27 de julio de 1998. Los apoderados judiciales de las empresas sostuvieron igualmente, que la sentencia objeto de la acción de amparo acordó el pago de actividades no demandadas por la abogado intimante, así como también fijó la oportunidad para la designación de jueces retasadores, lo cual, en su criterio, era competencia del Juzgado del Municipio Marcano de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, por ser éste el tribunal de la causa. Para pronunciarse sobre la presente consulta, esta Sala considera menester precisar lo siguiente: En el juicio por cobro de honorarios profesionales incoado en contra “Lido Casino, C.A.” y “Bingo Juangriego, C.A.”, éstas presentaron, en el lapso probatorio, recibos de pago -que en criterio de las mismas- evidenciaban el cumplimiento de su obligación de pagar respecto a la abogada demandante. Tales recibos, al no ser negados ni contradichos en la oportunidad debida quedaron plenamente reconocidos por la abogada Isabel T. Bocca. G, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 444 del Código de Procedimiento Civil, el cual dispone lo siguiente: “Artículo 444: La parte contra quien se produzca en juicio un instrumento privado como emanado de ella o de algún causante suyo, deberá manifestar formalmente si lo reconoce o lo niega, ya en el acto de la contestación de la demanda, si el instrumento se ha producido con el libelo, ya dentro de los (5) días siguientes a aquél en que ha sido producido, cuando lo fuere posteriormente a dicho acto. El silencio de la parte a este respecto, dará por reconocido el instrumento.” Siendo ello así, tal y como lo señaló la sentencia sometida a consulta, el Tribunal de la causa no podía, después de haber admitido las pruebas (según sentencia del 27 de julio de 1998) y de verificar que las mismas no fueron contradichas, desechar el valor probatorio de los recibos de pago, motivo por el cual esta Sala Constitucional considera que el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, vulneró abiertamente el derecho constitucional a la defensa de la parte accionante, y así se declara. Igualmente, esta Sala considera que el Juez de Primera Instancia se extralimitó en sus funciones e incurrió en el vicio de ultrapetita, al excederse en el juzgamiento de los hechos planteados por la parte, cuando otorgó a la abogada intimante conceptos no solicitados por ella en la demanda ni en su reforma, como lo era su participación en la redacción del acta de la asamblea general extraordinaria de accionistas y de la asamblea general, celebradas el 19 de marzo de 1996, vulnerando así el principio de igualdad procesal contemplado en el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil que establece la necesidad imperiosa de que las partes se encuentren en igualdad de trato y oportunidades, con la finalidad de que las mismas puedan expresar su consentimiento o formular su oposición y así preservar la pulcritud y legalidad del proceso. Por otra parte estima esta Sala que el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta no debió fijar la oportunidad para el nombramiento del tribunal de retasa, toda vez que esta función corresponde al tribunal de ejecución, conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Abogados, que expresa lo siguiente: “Artículo 25: La retasa de honorarios, siempre que sea solicitada dentro de los diez días hábiles siguientes a la intimación del pago de los mismos, la decretará el tribunal de la causa o el que estuviere conociendo de ella cuando se los intime…(omissis)”. Por tanto, sólo el Juzgado del Municipio Marcano de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta -quien conoció en primera instancia del procedimiento por intimación de honorarios profesionales, declarándolo parcialmente con lugar mediante sentencia de 27 de julio de 1999- puede fijar la oportunidad para el juicio de retasa, y así se decide.

CONFIRMA la decisión dictada por el Tribunal Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta en fecha 2 de junio del 2000, que declaró con lugar la acción de amparo constitucional interpuesto por “LIDO CASINO, C.A.” y “BINGO JUANGRIEGO, C.A.” contra de la decisión que dictó el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la misma circunscripción judicial en fecha 28 de marzo del 2000. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente.