Sentencia N° 999 Político-Administrativa TSJ 2001: Tomás Alirio Chinchilla vs Ministro de Educación — Competencia en acción de…

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la competencia para conocer de una acción autónoma de amparo constitucional interpuesta por Tomás Alirio Chinchilla contra un acto del Ministro de Educación. La Sala determinó que, de acuerdo con la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, la competencia corresponde a la Sala Constitucional del TSJ, dado que el acto impugnado emana de un alto funcionario del gobierno. Por lo tanto, la Sala Político-Administrativa no aceptó la competencia declinada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo.

La vigente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el último aparte del artículo 266, señala que corresponde a este Supremo Tribunal de Justicia, por intermedio de su Sala Constitucional principalmente, ejercer la jurisdicción constitucional, la cual comprende, entre otros aspectos, la interpretación sobre el contenido y alcance de las normas y principios constitucionales (artículo 335). Consecuencia de ello, constituye la interpretación que del artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales debe hacerse, en el sentido de que las acciones de amparo constitucional ejercidas contra el Presidente de la República, los Ministros, el Consejo Nacional Electoral, el Fiscal General de la República, el Procurador General de la República o el Contralor General de la República, esto es, los Altos Funcionarios del gobierno, han de ser tramitadas y decididas en el seno de la Sala Constitucional de este Supremo Tribunal, en virtud de haber sido ésta creada especialmente para conducir la jurisdicción constitucional. Ello evidencia que el criterio de distribución de la competencia en las Salas del Tribunal Supremo por la afinidad de la materia con el derecho denunciado como infringido, a que se refiere el mencionado artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo, queda sin efecto y, en tal sentido, las acciones de amparo constitucional que se propongan en forma autónoma contra los funcionarios señalados en la referida norma serán competencia de la Sala Constitucional.

Por los razonamientos antes expuestos, y visto que en el presente caso se ha ejercido una acción autónoma de amparo constitucional contra el Ministro de Educación (hoy Ministro de Educación, Cultura y Turismo), esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley DECLARA QUE NO ACEPTA LA COMPETENCIA que le fuera declinada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, por corresponder el conocimiento y decisión de la presente causa, a la Sala Constitucional de este Supremo Tribunal. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente a la mencionada Sala. Cúmplase lo ordenado.