La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronuncia sobre la declinatoria de competencia realizada por el Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo en relación al recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por Leonardo Pizani Uzcátegui. La Sala acepta la competencia para conocer del caso, argumentando que la Resolución impugnada fue dictada por la Directora de Procedimientos Jurídicos I de la Contraloría General de la República, actuando por delegación del Contralor General de la República.
Extracto de la motiva
Corresponde a esta Sala pronunciarse sobre la declinatoria de competencia realizada por el Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, para lo cual observa: El presente caso se circunscribe a la impugnación de la Resolución N° DGSJ-3-3-071 dictada en fecha 14 de septiembre de 1995 por la Directora de Procedimientos Jurídicos I de la Contraloría General de la República, actuando por delegación del entonces Contralor General de la República, que confirmó el reparo N° DGAD-3-002 dictado en fecha 2 de diciembre de 1994 por el Director de Control del Sector Financiero de la Dirección General de Control de la Administración Descentralizada de la Contraloría General de la República, que impuso al recurrente sanción de multa por la cantidad de quinientos noventa y dos mil seiscientos cincuenta y dos bolívares (Bs. 592.652,00), ahora reexpresados en la cantidad de quinientos noventa y dos bolívares con sesenta y cinco céntimos (Bs. 592,65). Ahora bien, la Resolución impugnada fue suscrita por la ciudadana Alice Linares Alemán, en su condición de Directora de Procedimientos Jurídicos I de la Contraloría General de la República, quien actuó por delegación expresa del entonces Contralor General de la República conferida mediante Resolución N° DG-005 del 14 de junio de 1993, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 35.235 del día 17 de ese mismo mes y año, que estableció: “De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, se delega en la Abogada ALICE LINARES ALEMÁN, titular de la cédula de identidad N° 3.177.949, Director de Procedimientos Jurídicos I, en la Dirección General de los Servicios Jurídicos, el conocimiento y decisión de los recursos jerárquicos contra actos de reparos formulados por este Organismo Contralor en materias distintas de aquellas reguladas por el Código Orgánico Tributario y firmados por los Directores Sectoriales. Comuníquese y publíquese. JOSÉ RAMÓN MEDINA Contralor General de la República…”.
Dispositiva
1.- ACEPTA LA COMPETENCIA declinada por el Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 22 de enero de 2010, para conocer el recurso contencioso administrativo de nulidad ejercido por el ciudadano LEONARDO PIZANI UZCÁTEGUI, contra la Resolución N° DGSJ-3-3-071 dictada en fecha 14 de septiembre de 1995 por la Directora de Procedimientos Jurídicos I de la Contraloría General de la República, actuando por delegación del entonces CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA. 2.- ORDENA la notificación del ciudadano LEONARDO PIZANI UZCÁTEGUI, para que dentro del lapso de diez (10) días de despacho, contados a partir de la fecha en que conste en el expediente la notificación practicada, manifieste su interés en que se decida la presente causa. En caso de no ser posible la aludida notificación, esta deberá practicarse mediante boleta publicada en la cartelera de esta Sala, en los mismos términos. Transcurrido el indicado lapso sin que la parte manifieste su interés en que se decida la causa, esta Sala procederá a dictar el pronunciamiento correspondiente.