Sentencia N° 993 Político-Administrativa TSJ 2001: Alberto Jiménez Ortega vs Municipalidad del Distrito Sotillo del Estado…

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre una solicitud de nulidad de una ordenanza municipal presentada por el abogado Alberto Jiménez Ortega en representación de las sociedades MENE GRANDE OIL COMPANY y VENEZUELA GULF REFINING COMPANY. La Sala, tras analizar la solicitud, decidió declinar la competencia para conocer y decidir la causa a la Sala Constitucional, argumentando que la inconstitucionalidad de actos dictados en ejecución de la Constitución corresponde exclusivamente a dicha Sala. La decisión se fundamenta en el artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece que la Sala Constitucional tiene la atribución exclusiva de declarar la nulidad de leyes y actos que colidan con la Constitución. La Sala Político-Administrativa, al considerar que el caso se refiere a una ordenanza municipal, determinó que no era competente para resolver el asunto. Finalmente, se ordenó la remisión del expediente a la Sala Constitucional para que esta proceda conforme a lo establecido en la ley, cumpliendo así con el debido proceso y la normativa vigente.

Dispone el último aparte del artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: “Corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia como jurisdicción constitucional, declarar la nulidad de las leyes y demás actos de los órganos que ejercen el Poder Público dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución o que tenga rango de Ley”. Ahora bien, la exclusividad a la que alude el mencionado artículo 334 en materia de inconstitucionalidad, está referida a la nulidad de actos dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución, cuyos supuestos se especifican en los numerales 1, 2, 3, 4 y 6 del artículo 336, que señalan: “Artículo 336. Son atribuciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia: 1.- Declarar la nulidad total o parcial de las leyes nacionales y demás actos con rango de ley de la Asamblea Nacional que colidan con esta Constitución. 2.- Declarar la nulidad total o parcial de las Constituciones y leyes estadales, de las ordenanzas municipales y demás actos de los cuerpos deliberantes de los Estados y Municipios dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución y que colidan con ésta. 3.- Declarar la nulidad total o parcial de los actos con rango de ley dictados por el Ejecutivo Nacional que colidan con esta Constitución. 4.- Declarar la nulidad total o parcial de los actos en ejecución directa e inmediata de la Constitución, dictados por cualquier otro órgano estatal en ejercicio del Poder Público. (...) 6.- Revisar, en todo caso, aún de oficio, la constitucionalidad de los decretos que declaren estados de excepción dictados por el Presidente o Presidenta de la República.” Atendiendo a lo establecido en las normas supra transcritas y visto que el caso de autos se concreta en una solicitud de nulidad por inconstitucionalidad de una ordenanza municipal, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLINA LA COMPETENCIA para conocer y decidir la presente causa en la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia.

DECLINA LA COMPETENCIA para conocer y decidir la presente causa en la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente a la mencionada Sala. Cúmplase lo ordenado.