Sentencia N° 989 Político-Administrativa TSJ 2001: Carmen Josefina España vs Rafael Bello — Regulación de jurisdicción en cobro…

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la regulación de jurisdicción en un juicio por cobro de bolívares laborales. Se determinó que el Poder Judicial tiene jurisdicción para conocer y decidir la acción intentada por la demandante, confirmando la decisión del juez de primera instancia. Además, se impuso una multa a la parte demandada por interponer una solicitud de regulación de jurisdicción infundada y se ordenó remitir el caso al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados del Estado Guárico por faltas procesales del abogado del demandado.

Es abundante y reiterada la jurisprudencia de este Alto Tribunal, según la cual se atribuye la jurisdicción para conocer de las acciones de cobro de conceptos laborales, a los Tribunales del Trabajo, por ser las mismas de carácter irrenunciable para los trabajadores; así que, sin entrar en mayores consideraciones, corresponde conocer y decidir el caso sub júdice al Juzgado Segundo de los Municipios Francisco de Miranda, Camaguán y San Gerónimo de Guayabal de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico y así se declara. Asimismo, advierte este alto Tribunal que la solicitud de regulación de jurisdicción planteada por el apoderado judicial del demandado, no ha hecho más que entorpecer la actividad jurisdiccional del a quo violando los principios procesales de celeridad y economía procesal, además de obstaculizar de manera injustificada y censurable el conocimiento por parte de esta Sala de las numerosas causas pendientes.

Por las razones antes expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara que el PODER JUDICIAL SÍ TIENE JURISDICCIÓN para conocer y decidir la acción intentada por la ciudadana CARMEN JOSEFINA ESPAÑA, contra el ciudadano RAFAEL BELLO. Queda así confirmada la decisión impugnada, emitida por el a quo en fecha 9 de marzo de 2000. Asimismo, de conformidad con el artículo 76 del Código de Procedimiento Civil, se impone multa a la parte demandada, por el monto de CINCO MIL BOLIVARES (Bs. 5.000,oo), en razón de haber interpuesto una solicitud de regulación de jurisdicción manifiestamente infundada, comisionándose para su ejecución al tribunal de la causa. Igualmente, la sala considera que en el presente caso existen fundados indicios de que el abogado de la parte demandada ha incurrido en faltas a los deberes procesales de lealtad y probidad, al interponer tanto la falta de jurisdicción, como la regulación de jurisdicción, con manifiesta ausencia de fundamento jurídico, obstaculizando de manera ostensible y reiterada el desenvolvimiento normal del proceso, conductas previstas y sancionadas en los artículos 17 y 170 del Código de Procedimiento Civil, en consecuencia, se ordena expedir por Secretaría, copia certificada del presente fallo para ser remitido al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados del Estado Guárico, a fin de que esta institución gremial provea lo que juzgue conducente, con relación a la responsabilidad ética y disciplinaria del abogado Wilfredo Motta, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 24.069, debiendo informar a esta Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.