Sentencia N° 98 — Sala Político Administrativa del TSJ, 11 de febrero de 2004

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la solicitud de ampliación de una sentencia anterior que declaró parcialmente con lugar un recurso contencioso administrativo de nulidad. El solicitante, GASTÓN GONZÁLEZ PACHECO, argumentó que la sentencia no se pronunció sobre el pago de salarios caídos tras su destitución. La Sala determinó que la solicitud de ampliación fue presentada dentro del plazo legal y que era procedente, aunque desechó la solicitud de pago de salarios y bonificaciones dejadas de percibir desde su destitución.

Previamente a proveer en cuanto a lo solicitado, debe esta Sala determinar si la referida solicitud fue consignada tempestivamente, conforme al dispositivo procesal que regula la materia, contenido en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece: Artículo 252: Después de pronunciada la sentencia definitiva o la interlocutoria sujeta a apelación, no podrá revocarla ni reformarla el Tribunal que la haya pronunciado. Sin embargo, el Tribunal podrá, a solicitud de parte, aclarar los puntos dudosos, salvar las omisiones y rectificar los errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos, que aparecieren de manifiesto en la misma sentencia, o dictar ampliaciones, dentro de tres días, después de dictada la sentencia, con tal de que dichas aclaraciones y ampliaciones las solicite alguna de las partes el día de la publicación o en el siguiente. (Negrillas de la Sala). Con relación al lapso procesal del cual disponen las partes para solicitar las aclaratorias y ampliaciones del fallo, contemplado en el texto anteriormente transcrito, esta Sala se ha pronunciado en otras oportunidades en el sentido de que los referidos lapsos deben preservar el derecho al debido proceso y a una justicia transparente, consagrados en la vigente Constitución, y no constituir por su extrema brevedad, un menoscabo al ejercicio de dichos derechos. En efecto, mediante sentencia Nº 00124 del 13 de febrero de 2001, (caso : Olimpia Tours and Travel C.A.), se estableció: “(Omissis...) Examinada la norma bajo análisis se observa que en un sistema fundamentalmente escrito como el nuestro, y limitadas las presentes consideraciones a los procesos seguidos ante esta Sala, y a los supuestos contenidos en la norma considerada, la misma carece de racionalidad en virtud de que no encontramos elemento de tal naturaleza que justificando la extrema brevedad del lapso, no implique un menoscabo del contenido esencial a solicitar el derecho a una justicia transparente, en comparación con supuestos de gravedad similares como es el caso de la apelación y, siendo así esta Sala, en el presente caso, considera necesario aplicar con preferencia la vigencia de las normas constitucionales sobre el debido proceso relativas a la razonabilidad de los lapsos con relación a la norma del artículo 252 del Código de Procedimiento Civil y, en ejecución de lo dispuesto en el artículo 334 de la Constitución, dispone en forma conducente, con efectos ex nunc, que el lapso para oír la solicitud de aclaratoria formulada es igual al lapso de apelación del artículo 298 del Código de Procedimiento Civil, salvo que la ley establezca un lapso especial para la misma en los supuestos de los actos a que se refiere el artículo 252 eiusdem.

En virtud de los razonamientos precedentemente expuestos, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara PROCEDENTE la solicitud de ampliación, presentada en fecha 06 de noviembre de 2003, por el abogado GASTÓN GONZÁLEZ PACHECO, actuando en su propio nombre, de la sentencia dictada por esta Sala, en fecha 27 de marzo de 2003 que declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por el prenombrado ciudadano, contra el acto administrativo dictado el 03 de julio de 2002, por la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, mediante el cual se destituyó al referido ciudadano del cargo de Juez (Provisorio) que ocupaba dentro del Poder Judicial, específicamente en el Juzgado Superior en lo Civil, Contencioso Administrativo y Tributario de la Región Occidental. No obstante, se desecha la solicitud del pago de los salarios caídos y demás bonificaciones dejadas de percibir desde la emisión del acto administrativo impugnado.