Sentencia N° 965 Político-Administrativa TSJ 2001: NELLYS GUARAPO DE NATERA y JOSÉ R. NATERA vs JUNTA INTERVENTORA DEL BANCO…

La Sala de Casación Civil del TSJ se pronunció sobre la competencia para conocer de una acción de amparo constitucional interpuesta contra la Junta Interventora del Banco Barinas y su filial Banvalor Financiera. Se determinó que la competencia correspondía a la Sala Constitucional, dado que se trataba de un acto de una autoridad financiera intervenida. La Sala Político-Administrativa no aceptó la competencia declinada por el Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de Caracas.

Dicha Sala fundamentó su decisión en el artículo 76 de la Ley de Regulación de la Emergencia Financiera, el cual establece: “La Corte Suprema de Justicia será la competente para conocer de cualquier acción de amparo intentada contra las instituciones financieras intervenidas, o sus empresas relacionadas, o contra las decisiones de sus juntas interventoras”. Sin embargo, no precisa dicho artículo cuál de las Salas de este Supremo Tribunal es la llamada a decidir la acción propuesta, por lo que es preciso determinar en orden a la normativa que rige las funciones de este Tribunal, la Sala a la cual corresponde decidir. Así, la vigente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el artículo 335, señala que este Supremo Tribunal de Justicia “garantizará la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales; será el máximo y último interprete de la Constitución y velará por su uniforme interpretación y aplicación. La interpretación que establezca la Sala Constitucional sobre el contenido o alcance de las normas y principios constitucionales son vinculantes para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República”, es decir, la Sala Constitucional de este Supremo Tribunal ha sido creada, especialmente, para decidir y conducir la interpretación y aplicación de la jurisdicción constitucional. Ello evidencia que el criterio de distribución de la competencia en las Salas del Tribunal Supremo por la afinidad de la materia con el derecho denunciado como infringido, a que se refieren los artículos 7 y 8 de la Ley Orgánica de Amparo, queda sin efecto y, en tal sentido, las acciones de amparo constitucional que se propongan en forma autónoma serán competencia de la Sala Constitucional.

Por los razonamientos antes expuestos, y visto que en el presente caso se ha ejercido una acción de amparo constitucional autónomo contra la JUNTA INTERVENTORA DEL BANCO BARINAS C.A. y de su filial BANVALOR FINANCIERA, entidades que se encontraban en período de liquidación y pertenecían al FONDO DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS (FOGADE), esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley NO ACEPTA LA COMPETENCIA que le fuera declinada por el Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por corresponder el conocimiento y decisión de la presente causa, a la Sala Constitucional de este Supremo Tribunal. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítanse las presentes actuaciones junto con oficio a la mencionada Sala. Cúmplase lo ordenado.