Sentencia N° 962 Político-Administrativa TSJ 2000: Corporacion de Servicios Integrales de… vs Banco Industrial de Venezuela C.A.

TSJ/SPA, Sent. N° 00962, Exp. 0305, 02/05/2000 · 2 de mayo de 2000
Expediente0305
Parte actora / solicitanteCORPORACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE COMERCIALIZACION SIC C.A.
Parte demandada / contraparteBANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA C.A.
PonenteCARLOS ESCARRA MALAVE
MateriaContencioso-Administrativo
Tipo de recursoAvocamiento
Fecha de la decisión2000-05-02
DecisiónAcepta la competencia

Resumen

La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia acepta la competencia declinada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito, en un caso donde la CORPORACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE COMERCIALIZACION SIC C.A. demandó al BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA por daños y perjuicios. La decisión se fundamenta en la incompetencia del juzgado de origen, dado que la acción involucra a una empresa del Estado y la cuantía supera los cinco millones de bolívares, lo que corresponde a la Sala Político Administrativa según la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.

Extracto de la motiva

El artículo 42, numeral 15º de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, textualmente establece que es competencia de esta Sala Político Administrativa: “Conocer de las acciones que se propongan contra la República, o algún Instituto Autónomo o empresa en la cual el Estado tenga participación decisiva, si su cuantía excede de cinco millones de bolívares, y su conocimiento no está atribuido a ninguna otra autoridad.” Como puede observarse, la norma arriba transcrita establece un régimen especial de competencia a favor de la Corte Suprema de Justicia, en todas aquellas acciones intentadas, que cumplan con las tres condiciones descritas en la misma, a saber: 1) Que se demande a la República, a algún Instituto Autónomo o empresa en la cual el Estado tenga participación decisiva; 2) Que la acción incoada tenga una cuantía superior a cinco millones de bolívares (Bs. 5.000.000,oo); y 3) Que el conocimiento de la causa no esté atribuido a ninguna otra autoridad, entendiendo con ello, que la norma bajo análisis constituye una derogatoria de la jurisdicción civil y mercantil, que es la jurisdicción ordinaria, pero no de las otras jurisdicciones especiales, tales como la Laboral, del Tránsito o Agraria.

Dispositiva

Con fundamento a lo anteriormente expuesto, esta Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, ACEPTA LA COMPETENCIA que le fuera declinada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, en decisión de fecha 28 de febrero del año 2000, mediante la cual declaró su incompetencia para conocer de la demanda que por daños y perjuicios, incoara la Sociedad Mercantil CORPORACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE COMERCIALIZACION SIC, C.A. contra el BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA C.A. Publíquese, regístrese y comuníquese. Pásese el expediente al Juzgado de Sustanciación de la Sala a los fines de que se pronuncie acerca de la admisibilidad de la presente demanda, salvo lo pertinente a la competencia que ya se ha resuelto en esta decisión. Remítase, con oficio, copia certificada de la presente decisión al Tribunal declinante. Cúmplase lo ordenado.

Palabras clave

competenciadaños y perjuiciosempresa del estadoacción judicialLey Orgánica de la Corte Suprema de Justiciajurisdiccióndemandantedemandado

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