Sentencia N° 960 Político-Administrativa TSJ 2000: MAURICE MIKHAIL BEYLOUNE KHABBAZE, ELIAS… vs Bchara Georges Hanna

La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la jurisdicción competente para conocer de una acción de cumplimiento de contrato interpuesta por varios ciudadanos contra BCHARA GEORGES HANNA. La Sala determinó que el Poder Judicial tiene jurisdicción para conocer y decidir la acción, confirmando la decisión del Juzgado de Primera Instancia que había declarado sin lugar la cuestión previa de falta de jurisdicción opuesta por la parte demandada. Además, se impuso una multa a la parte demandada por interponer una solicitud de regulación de jurisdicción infundada y se ordenó remitir copia del fallo al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados del Estado Aragua por posibles faltas éticas de la abogada de la parte demandada.

Esta Sala ha establecido, en reiterada jurisprudencia, el criterio de que corresponde al Poder Judicial, a través de los Tribunales de Justicia, el conocimiento y decisión de las acciones de cumplimiento de contrato, independientemente de su naturaleza y de que la consecuencia de la misma sea la entrega del bien inmueble objeto del contrato, por cuanto la atribución conferida en materia inquilinaria a la Dirección de Inquilinato, dependiente del Ministerio de Infraestructura o de las Alcaldías Municipales, actuando en materia inquilinaria, según sea el caso, está dirigida únicamente a tramitar las solicitudes de fijación de cánones de arrendamiento, de los inmuebles sujetos a regulación, de conformidad con el artículo 2º de la nueva Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, vigente a partir del 1º de enero del año 2000. Del análisis del libelo de la demanda resulta evidente que la acción ejercida es de cumplimiento de contrato, por el supuesto vencimiento del mismo, acción ésta de derecho común prevista en el artículo 1.167 del Código Civil, cuyo conocimiento y decisión única y exclusivamente corresponde a los órganos jurisdiccionales, según lo dispuesto en el antes mencionado artículo, en el 1º del Código de Procedimiento Civil y en el artículo 33 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios.

Por las razones antes expuestas, esta Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara que el Poder Judicial SI TIENE JURISDICCION para conocer y decidir la acción intentada por los ciudadanos MAURICE MIKHAIL BEYLOUNE KHABBAZE, ELIAS BEYLOUNE KHABBAZE, NADIMA HASKOUR de BEYLOUNE y SALWA ANTONE BILONE de BEYLOUNE contra el ciudadano BCHARA GEORGES HANNA. Queda así confirmada la decisión impugnada, emitida por el a-quo en fecha 8 de febrero del año 2000. Asimismo, de conformidad con el artículo 76 del Código de Procedimiento Civil, se impone multa a la parte demandada, por el monto de CINCO MIL BOLIVARES (Bs. 5.000,oo), en razón de haber interpuesto una solicitud de regulación de jurisdicción manifiestamente infundada, comisionándose para su ejecución al tribunal de la causa. Igualmente, la Sala considera que en el presente caso existen fundados indicios que el abogado de la parte demandada ha incurrido en faltas a los deberes procesales de lealtad y probidad, al interponer tanto la falta de jurisdicción, como la regulación de jurisdicción, con manifiesta ausencia de fundamento jurídico, obstaculizando de manera ostensible y reiterada el desenvolvimiento normal del proceso, conductas previstas y sancionadas en los artículos 17 y 170 del Código de Procedimiento Civil, en consecuencia, se ordena expedir por Secretaría, copia certificada del presente fallo para ser remitido al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados del Estado Aragua, a fin de que esta institución gremial provea lo que juzgue conducente, con relación a la responsabilidad ética y disciplinaria de la abogada Eilis Nerbeth Biel Blanco, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 78.771, debiendo informar a esta Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.