El Tribunal Supremo de Justicia, en su Sala Político-Administrativa, declaró sin lugar el recurso de nulidad interpuesto por José Luis Rodríguez Díaz contra el acto administrativo de la Contraloría General de la República que impuso una sanción de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un período de diez años. La decisión se fundamenta en que las declaratorias de responsabilidad administrativa previas no fueron impugnadas y adquirieron firmeza, lo que conllevó a la confirmación de la sanción impuesta. Además, se desestimaron los argumentos de falta de proporcionalidad y violación al debido proceso, considerando que la sanción se ajustó a derecho y fue impuesta dentro de los límites establecidos por la ley.
Extracto de la motiva
El Tribunal, al analizar el recurso de nulidad, destacó que la sanción de inhabilitación se deriva de la declaratoria de responsabilidad administrativa que no fue recurrida, lo que implica que el acto administrativo impugnado se encuentra firme. Se enfatizó que la Contraloría General de la República actuó dentro de su competencia y conforme a la ley, al imponer la sanción de inhabilitación por un período de diez años, que es inferior al máximo permitido. Asimismo, se subrayó que la proporcionalidad de la sanción fue debidamente considerada, dado que el recurrente había sido declarado responsable en dos ocasiones por irregularidades administrativas significativas. Por lo tanto, se concluyó que no existían vicios que afectaran la validez del acto administrativo impugnado.
Dispositiva
Se declara SIN LUGAR la apelación ejercida por la Contraloría General de la República contra el auto de fecha 1 de marzo de 2012, dictado por el Juzgado de Sustanciación, el cual se confirma. Se declara SIN LUGAR el recurso de nulidad ejercido por el ciudadano José Luis RODRÍGUEZ DÍAZ contra el acto administrativo N° 01-00-000344 del 27 de octubre de 2010, dictado por el Contralor General de la República, que declaró sin lugar el recurso de reconsideración y confirmó la Resolución 000101 de fecha 02 de junio de 2010, mediante el cual, este Despacho acordó imponerle la sanción de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un período de diez (10) años. En consecuencia, queda FIRME el referido acto administrativo impugnado.
Palabras clave
inhabilitaciónresponsabilidad administrativaContaloría Generalrecurso de nulidad