Sentencia N° 958 Político-Administrativa TSJ 2001: Orinoco Mining Company — Nulidad parcial por inconstitucionalidad de ordenanza…

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la solicitud de nulidad parcial por inconstitucionalidad de una ordenanza municipal que gravaba las ventas de mineral de hierro. La Sala, al considerar que la competencia para conocer de la inconstitucionalidad corresponde a la Sala Constitucional, declinó su competencia y remitió el expediente a dicha Sala. La decisión se fundamenta en el artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece la exclusividad de la Sala Constitucional para declarar la nulidad de leyes y actos del Poder Público.

Dispone el último aparte del artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: “Corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia como jurisdicción constitucional, declarar la nulidad de las leyes y demás actos de los órganos que ejercen el Poder Público dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución o que tenga rango de Ley”. Ahora bien, la exclusividad a la que alude el mencionado artículo 334 en materia de inconstitucionalidad, está referida a la nulidad de actos dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución, cuyos supuestos se especifican, entre otros, en el numeral 2 del artículo 336, que señala: “Artículo 336. Son atribuciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia: 2.- Declarar la nulidad total o parcial de las Constituciones y leyes estadales, de las ordenanzas municipales y demás actos de los cuerpos deliberantes de los Estados y Municipios dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución y que colidan con ésta”. Atendiendo a lo establecido en la norma supra transcrita y visto que el caso de autos se concreta en una solicitud de nulidad parcial por inconstitucionalidad de una ordenanza municipal, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLINA LA COMPETENCIA para conocer y decidir la presente causa en la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia.

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLINA LA COMPETENCIA para conocer y decidir la presente causa en la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente a la mencionada Sala. Cúmplase lo ordenado.