Sentencia N° 958 Político-Administrativa TSJ 2000: REINA MARGARITA MORALES SUAREZ y RAMON ARIZA… vs Carlos Padron

La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la regulación de jurisdicción en un caso de cumplimiento de contrato. Los demandantes, REINA MARGARITA MORALES SUAREZ y RAMON ARIZA MARTINEZ, interpusieron una demanda contra CARLOS PADRON, y el tribunal determinó que tiene jurisdicción para conocer y decidir la acción intentada. Se confirma la decisión impugnada del juzgado de origen, que había admitido la demanda y emplazado a la parte demandada.

Esta Sala ha establecido, en reiterada jurisprudencia, el criterio de que corresponde al Poder Judicial, a través de los Tribunales de Justicia, el conocimiento y decisión de las acciones de cumplimiento de contrato, independientemente de su naturaleza y de que la consecuencia de la misma sea la entrega del bien inmueble objeto del contrato, por cuanto la atribución conferida en materia inquilinaria a la Dirección de Inquilinato, dependiente del Ministerio de Infraestructura o de las Alcaldías Municipales, actuando en materia inquilinaria, según sea el caso, está dirigida únicamente a tramitar las solicitudes de fijación de cánones de arrendamiento, de los inmuebles sujetos a regulación, de conformidad con el artículo 2º de la nueva Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, vigente a partir del 1º de enero del año 2000. Del análisis del libelo de la demanda resulta evidente que la acción ejercida es de cumplimiento de contrato, por el supuesto vencimiento del mismo, acción ésta de derecho común prevista en el artículo 1.167 del Código Civil, cuyo conocimiento y decisión única y exclusivamente corresponde a los órganos jurisdiccionales, según lo dispuesto en el antes mencionado artículo, en el 1º del Código de Procedimiento Civil y en el artículo 33 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios.

Por las razones antes expuestas, esta Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara que el Poder Judicial SI TIENE JURISDICCION para conocer y decidir la acción intentada por los ciudadanos REINA MARGARITA MORALES SUAREZ y RAMON ARIZA MARTINEZ contra el ciudadano CARLOS PADRON. Queda así confirmada la decisión impugnada, emitida por el a-quo en fecha 8 de junio de 1999. Asimismo, de conformidad con el artículo 76 del Código de Procedimiento Civil, se impone multa a la parte demandada, por el monto de CINCO MIL BOLIVARES (Bs. 5.000,oo), en razón de haber interpuesto una solicitud de regulación de jurisdicción manifiestamente infundada, comisionándose para su ejecución al tribunal de la causa.