La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia declara inadmisible la demanda presentada por Nora Beatriz González Molero contra la República Bolivariana de Venezuela por daños y perjuicios. La decisión se fundamenta en la falta de cumplimiento del antejuicio administrativo previsto en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, lo que impide que la demanda sea admitida a trámite. La Sala resalta la importancia de este requisito como un mecanismo para la resolución no contenciosa de conflictos entre particulares y el Estado.
Extracto de la motiva
La parte actora no acreditó el cumplimiento del antejuicio administrativo previsto en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, toda vez que aunque dicho agotamiento deba entenderse como un procedimiento fácil y expedito, éste debe, a su vez, alcanzar la finalidad para la cual fue previsto, es decir, la de poner en conocimiento de la Administración del contenido de la pretensión que se dirige en su contra, lo cual, a juicio de esta Sala, no fue posible en el presente caso, en los términos en que fue dirigida tal solicitud.
Dispositiva
Se declara INADMISIBLE la demanda que por Daños y Perjuicios intentó la ciudadana Nora Beatriz González Molero, contra la República Bolivariana de Venezuela, por no haberse acreditado el cumplimiento del antejuicio administrativo previsto en los artículos 30 al 37 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República vigente para la fecha de interposición de la demanda. Se condena en costas a la parte actora, ciudadana Nora Beatriz González Molero, de conformidad con el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil.
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