La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por María Luisa Aguilar de Maldonado contra un acto administrativo de la Contraloría General de la República. La decisión se fundamentó en la falta de justificación adecuada para la adjudicación directa de la compra de vehículos, lo que constituyó una violación a los procedimientos establecidos en la Ley de Licitaciones. La Sala concluyó que la Contraloría actuó conforme a derecho al declarar la responsabilidad administrativa de la recurrente.
Extracto de la motiva
La Sala observa que la Contraloría General de la República determinó la responsabilidad administrativa de la ciudadana María Luisa Aguilar de Maldonado, con fundamento en la falta de cumplimiento de los procedimientos establecidos en la Ley de Licitaciones. Se constató que no se produjo el acto administrativo motivado que justificara la adjudicación directa de los vehículos, lo que generó la responsabilidad administrativa de los miembros del Consejo Universitario. La Sala enfatiza que el incumplimiento de los procedimientos establecidos en la Ley de Licitaciones genera responsabilidad administrativa, independientemente de que se haya causado o no un daño patrimonial a la Nación.
Dispositiva
La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la ciudadana MARÍA LUISA AGUILAR DE MALDONADO contra el acto administrativo S/No. de fecha 28 de julio de 2005, emanado de la Dirección de Determinación de Responsabilidades de la Dirección General de Procedimientos Especiales de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. En consecuencia, queda FIRME el referido acto.
Palabras clave
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