Sentencia N° 951 Político-Administrativa TSJ 2000: Banco de Venezuela S.A.C.A. vs Dirección General Sectorial de Inspección y…

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre un recurso contencioso-administrativo de nulidad interpuesto por el Banco de Venezuela S.A.C.A. contra una resolución de multa impuesta por el Ministerio de Hacienda. La Sala admitió la acción de amparo cautelar, pero posteriormente se revocó el acto administrativo impugnado, lo que llevó a la conclusión de que no había materia sobre la cual decidir en el recurso. La decisión se fundamentó en el principio de celeridad y en la validez de las actuaciones previas, a pesar de errores de procedimiento.

Por cuanto la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela publicada en Gaceta Oficial en fecha 30 de diciembre de 1999, estableció un cambio en la estructura y denominación de este Máximo Tribunal, y habiendo tomado posesión de sus cargos - previa juramentación - los nuevos Magistrados de esta Sala Político Administrativa, es razón por la cual, esta Sala, ordenó la continuación de la causa y reasignó la ponencia al Magistrado que con tal carácter suscribe el presente fallo. Realizado el estudio del expediente, esta Sala pasa a pronunciarse en relación al recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con solicitud de amparo cautelar, previas las siguientes consideraciones: El presente recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con solicitud de amparo cautelar, ha sido ejercido contra la Resolución de Multa Nº HGIF-64, dictada por la Dirección General Sectorial de Inspección y Fiscalización del Ministerio de Hacienda en fecha 19 de noviembre de 1996, mediante la cual se impuso al Banco de Venezuela la obligación de cancelar a la República la cantidad de nueve millones de bolívares exactos (Bs. 9.000.000,oo), por presunto incumplimiento de las normas y procedimientos establecidos para el régimen cambiario. Igualmente se indicó que las referidas multas fueron impuestas “…en virtud del supuesto incumplimiento de (la accionante) a sus obligaciones como operador cambiario, en la venta de divisas realizada en fecha 29 de noviembre de 1994, por la Agencia Sucursal Centro de esa Institución Financiera (BANCO DE VENEZUELA, S.A.C.A.), ubicada en la ciudad de Caracas, al ciudadano STEVEN SHAFFER OJEDA, titular de la cédula de identidad Nº 6.932.335, por un monto de cuatro mil dólares americanos (US$ 4.000,oo)”. Del mismo modo, señaló la Administración que “…para el momento de la operación, la Institución Bancaria otorgó dicho monto de divisas incumpliendo lo establecido en el Artículo 1º, literal A, de la Resolución Nº 47 de la Junta de Administración Cambiaria de fecha 14 de noviembre de 1994, publicada en la Gaceta Oficial Nº 35.589 de fecha 16 de noviembre de 1994”. Asimismo señaló la accionante que, de la lectura de dicho acto, “… se deriva claramente que la Dirección de Inspección y Fiscalización del Ministerio de Hacienda aplicó en su Resolución de Multa el artículo 23 de la Ley sobre Régimen Cambiario, publicada en la Gaceta Oficial en fecha 17 de junio de 1995, a un hecho verificado el 29 de noviembre de 1994, como lo es la venta de divisas objeto de la multa, es decir, a un hecho verificado en el pasado cuando la referida Ley no estaba en vigencia, por lo cual, se viola de manera grosera y flagrante la Garantía Constitucional (…) a la irretroactividad, consagrada en el artículo 44 de la Constitución (derogada) de la República.

Consecuentemente, esta Sala preservando el principio constitucional de celeridad y brevedad procesal, así como también evitando cualquier reposición inútil en los términos del artículo 26 constitucional, declara la validez de todas las actuaciones practicadas en el expediente, contra “…la Resolución de Multa Nº HGIF-64 dictada por la Dirección General Sectorial de Inspección y Fiscalización del Ministerio de Hacienda, en fecha 19 de noviembre de 1996, notificada (…) en fecha 04 de diciembre de 1996, y contra su respectiva planilla de liquidación emitida por ese organismo en fecha 21 de noviembre de 1996 y notificada igualmente en fecha 04 de diciembre de 1996, todo de conformidad con los artículos 68 y 206 de la Constitución de la República, en concordancia con los artículos 121 y siguientes de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia y con el artículo 5º Parágrafo Unico de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales…”. Así se decide.