Sentencia N° 946 Político-Administrativa TSJ 2001: Francisco José Lázaro vs Seguros Altamira, C.A. — Regulación de jurisdicción…

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la solicitud de regulación de competencia en una demanda interpuesta por Francisco José Lázaro contra la sociedad mercantil Seguros Altamira, C.A. La Sala determinó que el Poder Judicial tiene jurisdicción para conocer y decidir la demanda, desestimando la nulidad de la sentencia anterior del Juzgado de origen. Se aclaró la confusión entre jurisdicción y competencia, enfatizando que la jurisdicción es la función pública de los órganos del Estado, mientras que la competencia es la parte de esa jurisdicción asignada a un juez específico.

Corresponde a esta Sala pronunciarse sobre la solicitud de regulación, no obstante, debe resolver previamente el pedimento de la solicitante referente a que se declare la nulidad de la sentencia dictada por el Juzgado de origen, por medio de la cual se declaró sin lugar la cuestión previa opuesta por la parte demandada. A tal efecto, esta Sala considera que su pronunciamiento sólo se limita a determinar de acuerdo a la solicitud planteada, si los tribunales de la República, tienen jurisdicción para conocer la demanda interpuesta, no pudiendo en modo alguno pronunciarse sobre la pretendida “nulidad” de la sentencia interlocutoria dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, del Tránsito, Trabajo y Menores del Municipio Puerto Cabello que remitió el expediente. En efecto, la pretendida “nulidad”, sólo podría ser declarada por el tribunal superior a aquél que dictó la sentencia y, siempre que se hubiese intentado un recurso de apelación contra la decisión que se pretende revocar. Así se decide. Resuelto lo anterior, esta Sala pasa a conocer la solicitud de regulación presentada de conformidad con lo establecido en las normas contenidas en los artículos 59 y 62 del Código de Procedimiento Civil, las cuales disponen lo que a continuación se transcribe: “Artículo 59.- La falta de jurisdicción del Juez respecto de la administración pública, se declarará aún de oficio, en cualquier estado e instancia del proceso. La falta de jurisdicción del Juez venezolano respecto del Juez extranjero, se declarará de oficio, en cualquier estado e instancia del proceso cuando se trate de causas que tienen por objeto bienes inmuebles en el extranjero. En cualquier otro caso, mientras no se haya dictado sentencia sobre el fondo de la causa en primera instancia, la falta de jurisdicción sólo podrá declararse a solicitud de parte. En todo caso, el pronunciamiento del Juez sobre la jurisdicción se consultará en la Corte Suprema de Justicia, en Sala Político-Administrativa, conforme a lo dispuesto en el artículo 62”. “Artículo 62.- A los fines de la consulta ordenada en el artículo 59, el Tribunal remitirá inmediatamente los autos a la Corte Suprema de Justicia, en Sala Político-Administrativa, suspendiéndose el proceso desde la fecha de la decisión. La Corte procederá luego de recibidas las actuaciones, a decidir la cuestión, lo cual hará dentro de diez días, con preferencia a cualquier otro asunto”. Siendo esta Sala el Tribunal competente para conocer la solicitud objeto de la presente decisión, se observa que corresponde al Poder Judicial, a través de los Tribunales de Justicia, el conocimiento y decisión de las acciones por resolución o cumplimiento de contrato, independientemente de su denominación o naturaleza.

Por las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político-Administrativa, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que el Poder Judicial SÍ TIENE JURISDICCIÓN para conocer y decidir la demanda intentada por los abogados Arnaldo Pinto Herrera, Enrique Colina Fuentes y Antonio Hidalgo, actuando en su carácter de apoderados judiciales del ciudadano FRANCISCO JOSÉ LÁZARO, contra la sociedad mercantil SEGUROS ALTAMIRA, C.A. Asimismo, de conformidad con el artículo 76 del Código de Procedimiento Civil, se impone multa a la parte demandada, por el monto de CINCO MIL BOLIVARES (Bs. 5.000,oo), en razón de haber interpuesto una solicitud de regulación de jurisdicción manifiestamente infundada, comisionándose para su ejecución al tribunal de la causa. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase lo ordenado.