La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia admitió provisionalmente el recurso de nulidad interpuesto por la ciudadana Yeriny del Carmen Conopoima Moreno contra un acto administrativo de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial. La decisión recurrida había declarado sin lugar la apelación interpuesta por su abogado, en relación con el archivo de un expediente disciplinario contra el Juez Aníbal Hernández. La Sala, tras analizar los alegatos, concluyó que no se demostraron las violaciones alegadas al debido proceso y declaró improcedente la acción de amparo cautelar solicitada por la actora.
Extracto de la motiva
La Sala ha venido manteniendo en criterio pacífico que dicho derecho está relacionado con el derecho a la defensa y ambos implican el derecho a ser oído, puesto que no podría hablarse de defensa alguna, si el administrado no cuenta con esta posibilidad; el derecho a ser notificado de la decisión administrativa, a los efectos de que le sea posible al particular presentar los alegatos que en su defensa pueda aportar al procedimiento, más aún si se trata de un procedimiento que ha sido iniciado de oficio; el derecho a tener acceso al expediente, con el propósito de examinar en cualquier estado del procedimiento las actas que lo componen; el derecho que tiene el administrado a presentar pruebas que permitan desvirtuar los alegatos ofrecidos en su contra por la Administración; el derecho que tiene toda persona a ser informado de los recursos y medios de defensa y finalmente, el derecho a recibir oportuna respuesta a sus solicitudes.
Dispositiva
1.- Su COMPETENCIA para conocer el caso de autos. 2.- ADMITE, a los solos efectos de su trámite y verificación por parte del Juzgado de Sustanciación de la Sala, de lo atinente a la caducidad, el recurso contencioso-administrativo de nulidad interpuesto por el abogado Adel Santini, en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana YERINY DEL CARMEN CONOPOIMA MORENO, contra el acto administrativo de fecha 28 de enero de 2004, emanado de la COMISIÓN DE FUNCIONAMIENTO Y REESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA JUDICIAL, mediante el cual se declaró sin lugar la apelación interpuesta por el abogado Vito Arturo D’ Alesio, en su carácter de apoderado judicial de la recurrente, contra la decisión dictada por la Inspectoría General de Tribunales que ordenó el archivo de las actuaciones en el procedimiento disciplinario seguido al ciudadano Aníbal Hernández, en su condición de Juez Provisorio del Juzgado de Primera Instancia del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, y en consecuencia ordenó el archivo definitivo del expediente. 3.- IMPROCEDENTE la acción de amparo constitucional ejercida en forma cautelar.